Los sindicatos de justicia se movilizaron ayer por todo el país contra la privatización de los registros civiles proyectada por el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón.
El STAJ emitió ayer una nota en la que calificó de mayoritario el seguimiento. Esta central califica de «regalo» a los registradores de la propiedad la proyectada reforma del registro, y asegura que el Gobierno se ha gastado más de 130 millones de euros para digitalizar los archivos que pasan ahora a manos privadas.
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