Funcionarios de Justicia se han concentrado en la mañana de ayer jueves frente a los registros civiles de toda España a fin de protestar contra la privatización de los mismos proyectada por el Gobierno central. A juicio de los sindicatos representativos de la Administración de Justicia, "la privatización a favor de los registradores de la propiedad va a suponer la desaparición de las oficinas del Registro Civil de una gran cantidad de pequeños municipios, obligando a los ciudadanos de estas localidades a desplazarse a las nuevas sedes para realizar gran cantidad de trámites que son obligatorios o a acudir para su tramitación a gestorías o despachos profesionales".
En Salamanca, el delegado del STAJ, José Antonio Gómez, ha señalado que "cualquier inscripción que antes era gratuita ahora va a haber que pagar, nos va a afectar a todos. Inscribir a los hijos recién nacidos, los matrimonios, las defunciones, son varias de las acciones por las que según esta reforma va a haber que pagar" (VER VIDEO).
En Málaga se han repartido billetes llamados "gallardones" que simbolizan "el valor estimado del coste del servicio privatizado que proyecta el Gobierno contra todos los ciudadanos".
En Córdoba el Delegado de STAJ José Gómez denunció ayer que el ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, "parece haber adoptado" la decisión de "asignar a los registradores de la propiedad" la gestión de los registros civiles, una "reforma privatizadora" que supondrá "la pérdida de la gratuidad y del servicio público". Con este motivo, STAJ convocó una concentración a las puertas del Registro Civil de Córdoba en la que el delegado del sindicato, apuntó que la medida supondría la desaparición de 33 registros civiles en la provincia y afectaría a 31 funcionarios que tendrían que ser reubicados. Además, aseguró que se perdería "la protección especial existente en el tratamiento de los datos del estado civil de los ciudadanos que deben ser custodiados en archivos especiales".
El delegado sindical de STAJ insistió en que con la reforma los trámites que actualmente se hacen en los registros civiles de forma gratuita pasarían a ser de pago. Como ejemplo, señaló que casarse costaría 100 euros y un certificado de nacimiento o defunción, 20 euros.
