Los funcionarios reclaman más seguridad y una sala para las víctimas de maltrato y abusos sexuales

  STAJ pide una revisión del juzgado. Málaga

JOSÉ ANTONIO SAU En Málaga, cada día hay dos juzgados de instrucción que realizan funciones de guardia, uno recoge las denuncias –Incidencias– y el otro toma declaración a los arrestados e imputados –Detenidos–. Pese a ser órganos separados, comparten un mismo sótano unido por un enorme pasillo. La Guardia Civil se agazapa tras un mostrador previo a las escaleras, que llevan hasta una antesala en la que imputados que han sido citados a declarar, víctimas de todo tipo de delitos y familiares de unos y otros esperan su turno en un lugar en el que únicamente hay ocho sillas. En este escenario, afirman varios funcionarios consultados por este periódico, las peleas, los roces verbales y los robos son el pan nuestro de cada día.

Tres funcionarios en funciones de guardia acompañan a este medio a comprobar el estado en el que se encuentran las instalaciones y la visita, que se realiza junto al representante sindical del STAJ, Juan Antonio Luque, se prolonga durante dos horas. Lo primero que piden es que se habiliten espacios separados para denunciantes y denunciados. ¿Cómo se sentiría usted si se encuentra en la antesala del juzgado con quien le ha agredido poco antes? ¿O con quien ha abusado de un familiar? ¿O con quien le ha estafado una suma importante, y más en estos tiempos? En la antesala del juzgado, poco después de bajar las escalares, no hay fuerzas de seguridad ni vigilantes. Una cámara es la única vigía, «y hasta que llegan aquí, puede pasar un rato».

«Frecuentes disputas»

El sindicato STAJ denuncia «frecuentes disputas» en el juzgado de guardia, y reclama que se ubique a agentes en esa antesala y en el pasillo que une los órganos. Es más, se pide que el órgano de Incidencias y el de Detenidos sean aislados, «evitando así el continuo trasiego de personas, vulnerándose la intimidad del justiciable e incomodando el trabajo de los compañeros que han de dedicarse a las labores de vigilancia e información que no les son propias».

La Opinión de Málaga pudo comprobar cómo un hombre esposado esperaba sentado en una mesa su turno para declarar mientras familiares de una víctima de otro delito se paseaban frente a él como si tal cosa. «Esos compañeros recogen denuncias –señala a varias mesas– y tú puedes escuchar lo que dice un denunciante tranquilamente», aclaran.

Reclaman, asimismo, una sala específica para las víctimas de malos tratos y delitos sexuales, amén de dependencias distintas para perjudicados y delincuentes de delitos generales. «Se necesita más intimidad», apunta otro de los funcionarios, que entrega a este rotativo un escrito elaborado por el colectivo para denunciar esta situación y que hace dos años fue entregado a la Junta, «sin que se hiciera caso alguno. Todo eso sigue vigente hoy en día». «Detenidos, víctimas o testigos, e incluso los mismos funcionarios, se ven expuestos a la observación de personal carente de tareas jurisdiccionales y, en muchas ocasiones, ajeno a la función pública, con la consiguiente vulneración de su intimidad», consignan en el escrito los empleados públicos.

En muchas ocasiones es el propio trabajador quien esconde a la víctima en el despacho del fiscal o del juez, y ha de evitar que coincida con quien le perjudicó. Aquí llegan delitos de todo tipo, desde amenazas a abusos sexuales, pasando por robos violentos y estafas.
Además, en la antesala de los órganos a veces se concitan hasta un centenar de personas, con el problema de seguridad que ello conlleva, usando las escaleras para sentarse. En una ocasión, tres niños víctimas de tocamientos se encontraron cara a cara con su agresor.
«A muchas funcionarias, ante la inexistencia de fuerza pública aquí abajo, les han robado el bolso o los móviles. Una vez, un hombre que acababa de quedar en libertad con cargos se llevó tranquilamente la pantalla del ordenador», dice el tercero de los funcionarios.

Paseos innecesarios

Hay poca luz natural y escasa ventilación, y para registrar el procedimiento en el Servicio Informático de Guardia (SIG), ubicado en el Decanato, hay que atravesar el vestíbulo del edificio tras subir a la primera planta, lo que muchas veces se hace con la víctima o el denunciante, exponiéndola a situaciones de imprevisible resolución.

Los forenses están en el Instituto de Medicina Legal, por lo que «muchas veces las víctimas de delitos violentos han de ser acompañadas hasta la consulta correspondiente, por el vestíbulo principal o por el garaje, lo que provoca que muchas de estas personas se extravíen al volver al juzgado de guardia», indican los empleados en su escrito. «¿Por qué no se habilitó un acceso directo entre ambas dependencias?», se preguntan.

La salida de emergencia está cerrada, siendo ésta la única existente, y hay un camino franco por el que un arrestado o imputado puede ganar la calle tranquilamente, sin problemas. «En multitud de ocasiones la víctima del hecho delictivo ha de compartir espacio físico con la familia de su causante, o, incluso, con el propio autor, provocando infinidad de incidentes», aclara.

Además de los robos y hurtos continuos, se han producido varias fugas en los últimos años y los funcionarios temen por su seguridad. «Si te dan un guantazo te lo llevas a casa», apuntan. Hay un aseo por sexo para los usuarios y otros dos para los funcionarios (25), los abogados y demás profesionales.