Madrid 08-04-2014
STAJ, SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, CONSIDERA UN ATROPELLO PARA LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA, ASÍ COMO PARA LA CIUDADANIA, LAS REFORMAS RECOGIDAS EN EL ANTEPROYECTO DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL
El Gobierno ha aprobado su Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a espaldas de los funcionarios de justicia y supone una seria amenaza al empleo público. Afecta en su contenido de manera directa y sustancial a los trabajadores de Justicia y a los ciudadanos, porque supone la eliminación de las Audiencias Provinciales y de multitud de partidos judiciales con la aparición de los Tribunales Provinciales de Instancia. Esto significa el cierre de muchísimos órganos judiciales, un atropello a los derechos de los ciudadanos.
Cuando apenas se ha comenzado a poner en marcha el nuevo modelo de Oficina Judicial, diseñado en la reforma del 2003, el Gobierno aprueba una nueva LOPJ que afectará plenamente a ese diseño.
Esto demuestra una vez mas, el afán de protagonismo del que hacen gala últimamente todos los políticos que tienen responsabilidad en materia de Justicia, ya sean del ámbito nacional o autonómico, para parecer como los salvadores de la Justicia en España. ¿Cuándo se darán cuenta de que lo que hace falta en realidad para solucionar los problemas y el atasco generalizado son los medios personales y materiales hoy en día obsoletos e incompatibles, y no modificar las leyes incluso antes de que entren en vigor?
Otra medida perturbadora es la atribución de funciones procesales públicas a los Procuradores, que se encargarán de las ejecuciones, embargos y notificaciones, tendrán la condición de agentes de la Autoridad. Esto supone una intolerable privatización de servicios públicos, que vulnera la independencia judicial y la garantía de la legalidad al entregar a particulares la potestad de embargos y ejecuciones. Eso sin olvidar que son parte en los procesos, siendo los empleados públicos, los únicos garantes de la legalidad e imparcialidad.
Por lo tanto exigimos la retirada del anteproyecto ya que vulnera principios fundamentales como la independencia judicial, además de suponer una pérdida de empleo público. Lo único que pretende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con estas reformas es privatizar la Administración de Justicia y hacerla inaccesible, lejana y de pago para el ciudadano.