En el día de hoy estamos asistiendo a la apertura oficial del Año Judicial, acto solemne que como no podía ser de otra manera cuenta con distintas autoridades, tanto del ámbito judicial como de la esfera política. Aprovechamos el simbolismo del mismo para dar el pistoletazo de salida de la campaña que, a instancias de la Plataforma Intersindical de la Administración de Justicia formada por la unanimidad sindical de Andalucía, va a ser secundada por todos los trabajadores de los Juzgados Andaluces y que no es si no otra que el llevar a efecto el cumplimiento estricto de la Legalidad en el trabajo diario que estos desarrollan.
Dicha campaña consiste en cumplir los principios de Inmediación y Fe Pública Judicial que son además garantes de los derechos de los ciudadanos en cuanto a tutela judicial. Existen actos procesales que exigen la presencia del Juez y del Secretario Judicial y que hasta ahora se han venido haciendo en su ausencia únicamente ante el funcionario de turno.
Yo como ciudadano exijo y tengo derecho a que el Juez y el Secretario Judicial estén presentes en aquellos actos procesales que la ley dispone, por lo que animamos tanto a los ciudadanos como a los profesionales, abogados y procuradores, que exijan su presencia por ejemplo en las declaraciones a partes, testigos, peritos, en las pruebas, etc…
Esta plataforma ya ha puesto previamente y por escrito en conocimiento del presidente del TSJA, Jueces Decanos de toda Andalucía, Secretarios coordinadores provinciales y profesionales del derecho el inicio de esta campaña en pro de la Legalidad Jurídica en exigencia del cumplimiento de la ley y ha pedido a todos ellos su colaboración e implicación, porque tanto Jueces como Secretarios Judiciales tienen el deber de cumplir con la legalidad y ésta establece su deber de Inmediación y prestación de la Fe pública judicial que le son inherentes. Haciendo un símil, ya que este mundo judicial suele ser desconocido; hasta ahora han estado operando a corazón abierto el enfermero o auxiliar Sanitario sin que en la sala de operaciones haya estado presente el cirujano ni el anestesista.
La justicia es un servicio esencial y uno de los pilares del estado democrático de derecho. Sin Justicia no hay derechos y los trabajadores de los Juzgados están siendo atacados, agredidos y ninguneados por la clase política. Nuestras condiciones laborales se están desmoronando a la par que las condiciones que han de darse para el desarrollo de nuestro trabajo. Así tenemos una insuficiencia insostenible en cuanto a medios personales que el propio TSJA en su memoria 2011 cuantifica en la necesidad de creación de 94 plazas judiciales en Andalucía, equivalentes a la creación de 94 nuevos juzgados con su correspondiente personal judicial Gestores, Tramitadores y Auxilio Judicial del que al menos serían necesarios 600 nuevos funcionarios, pues paradójicamente ante tal situación algunos dirán que “sobran funcionarios” e inevitablemente no habrá Oferta de Empleo Público ni para cubrir la tasa de reposición como por contrario sí que se hará en Enseñanza o Sanidad, porque nuestros políticos consideran que la Justicia al parecer no es esencial. En este sentido resultan inexplicables e indignantes las recientes declaraciones del Consejero de Justicia de Andalucía en el sentido de que “en Andalucía sobran funcionarios judiciales y faltan Jueces y Fiscales”, que denotan un profundo y preocupante desconocimiento de la realidad judicial en nuestra Comunidad Autónoma.
La pendencia, los atascos y los señalamientos a años vista es la realidad de una labor que realizan los trabajadores en condiciones insufribles y viendo como su salario ha disminuido del 20 al 30 por ciento, su jornada laboral se ha aumentado, sus derechos y días de descanso se han eliminado y se les castiga quitándoles el 50 % del sueldo si caen enfermos y se dan de baja.
Los gobiernos Central y Autonómico, no nombran nuevo personal, no crean nuevos juzgados, no invierten en mejorar el servicio, las cargas de trabajo aumentan y podemos atender al ciudadano cada día más tarde y peor. No hay medios materiales ni humanos suficientes. Se imponen tasas y copago por cada actuación judicial, van a reducir el número de Juzgados en muchas localidades e incluso desaparecerán Partidos Judiciales, las funciones propias de la justicia corren el riesgo de privatización destruyéndose garantías de un proceso justo.
Por todo ello pedimos a la opinión pública en general que sea consciente que la justicia ha de ser lo primero y no lo último como lo está siendo y que exija un servicio público de calidad en la Administración de Justicia al igual que en el resto de Administraciones y Servicios Públicos. Que los políticos se equivocan recortando allí donde debían precisamente aunar esfuerzos, por ser precisamente esos servicios necesarios e imprescindibles en situaciones como la que estamos atravesando, ya que de lo contrario despojamos a la ciudadanía de todo derecho esencial y constitucionalmente reconocido.
En Granada, a 27 de septiembre de 2012 por la Plataforma Intersindical de Justicia de Andalucía.