Prensa: Diario El Mundo
El Supremo impide que los jueces se asignen plazas de la Ciudad de la Justicia de Málaga
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que confirma lo dispuesto en mayo de 2010 por el Consejo General del Poder Judicial. El máximo órgano de gobierno de los jueces anuló entonces el reparto de las plazas interiores de los aparcamientos de la Ciudad de la Justicia aprobado por el presidente de la Audiencia de Málaga y por el juez decano. En julio de 2009 el presidente de la Audiencia, Francisco Arroyo, y el entonces juez decano, Manuel Caballero Bonald, aprobaron una distribución de los aparcamientos interiores del inmueble en la que se asignaban las plazas a los jueces, magistrados y fiscales, alegando razones de seguridad. Casi dos años antes, en noviembre de 2007, y tras la inauguración del edificio judicial, ya se suscitó la primera polémica, pues la Consejería de Justicia de la Junta, propietaria del inmueble, decidió oponerse a las pretensiones que ya habían manifestado por aquellas fechas los togados ante las presiones de los sindicatos de funcionarios. La polémica generada llevó al colectivo judicial de Málaga a solicitar en 2009 al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que adoptara una resolución en su favor, y ante los continuos tiras y aflojas con los sindicatos de funcionarios, el presidente de la Audiencia y el juez decano adoptaron sendas resoluciones de asignación de los aparcamientos. Sin embargo, a pesar del apoyo del TSJA y del respaldo inicial del CGPJ, la comisión permanente del CGPJ declaró nulos los acuerdos del presidente de la Audiencia y del juez decano, y su decisión fue ratificada por el pleno del CGPJ el 19 de mayo de 2010. Algunas asociaciones judiciales como la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria plantearon un recurso ante el Tribunal Supremo, que ahora ha fallado a favor del Consejo, y ha dejado el reparto de las controvertidas plazas de nuevo en manos de la Junta. La sentencia del Supremo llega apenas dos meses después de que trascendiera que la Consejería de Gobernación -que hoy ostenta las competencias de Justicia- había cedido a las pretensiones de los jueces y fiscales, e iba a reservar un elevado porcentaje de las plazas para ellos.
Diario El País
El Supremo niega potestad a los jueces sobre los aparcamientos
El Tribunal Supremo ha negado que los jueces y magistrados de Málaga tengan potestad para decidir sobre el uso y la distribución de los aparcamientos de la Ciudad de la Justicia de esta ciudad. En una sentencia leída el pasado 31 de marzo, el alto tribunal ha avalado la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de dejar sin efecto sendos acuerdos del presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, y del entonces juez decano de la capital, Manuel Caballero-Bonald, por los que los magistrados se reservaban las plazas de estacionamiento alegando motivos de seguridad. Los acuerdos de los jueces malagueños, adoptados en julio de 2009, crearon un fuerte malestar entre los funcionarios de justicia, que vieron en ellos un intento de perpetuar privilegios de casta. Los sindicatos lograron que Begoña Álvarez, entonces consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, administración encargada de la construcción y gestión de las infraestructuras, dejara sin efecto las distinciones de acceso al aparcamiento.
Sin competencias
En octubre de 2009, el CGPJ anuló los acuerdos de los magistrados malagueños al entender que estos "no se ajustaban a la legalidad", ya que "no se encuentran dentro de las competencias de los decanos dictar resoluciones en orden a distribución de espacios y, en concreto, a la asignación de aparcamientos". Fue la Asociación Francisco de Vitoria, de carácter moderado, la que recurrió la decisión del CGPJ ante el Tribunal Supremo. Finalmente, la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal recuerda que tanto la dotación de medios materiales para juzgados y tribunales, así como la "fijación de las reglas para su utilización" corresponden legalmente al Ministerio de Justicia, o los gobiernos autonómicos en aquellas regiones con competencias transferidas. "No procede confirmar la competencia del Decano o del Presidente de la Audiencia Provincial en la valoración de la cuestión suscitada", dictamina el Supremo. En cualquier caso, la polémica continúa. El recientemente dimitido consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, acordó a principios de año con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asignar las plazas de aparcamiento a los jueces.
