CCOO Y UGT PACTAN CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA LA EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA PERDIDA DE DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Recientemente, la Junta de Andalucía ha aprobado por Decreto la externalización de una parte importante de los servicios públicos que la Administración General debe prestar a los ciudadanos. Bajo el engañoso título de “Reordenación del sector público andaluz“ en realidad lo que hay es lo que ya se ha denominado como “decreto del enchufismo”, pues al prestarse los servicios a través de Agencias públicas, vinculadas a la Administración pero sujetas al derecho privado en sus relaciones con sus trabajadores, permitirá a la Junta de Andalucía contratar a dedo y sin control alguno, vulnerando así de forma flagrante los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad previstos en la Constitución.

Este nuevo atropello de la Junta hace peligrar los derechos tanto de los funcionarios de carrera como de los funcionarios interinos y los laborales, pues se cuela por la puerta de atrás a empleados para la prestación de servicios públicos sin el requisito previo de superar una oposición, y podrá la Junta contratar personal de forma temporal –léase interinos– saltándose a la torera la normativa específica que los regula y que garantiza la transparencia de sus nombramientos. Y lo peor de todo esto es que los sindicatos del Gobierno, es decir, CCOO y UGT, han aceptado casi a pies juntillas lo acordado por la Junta; lamentable, pues estas dos organizaciones, justo hace un mes, llamaron a la huelga “protestando”, entre otras cosas, contra la externalización de los servicios públicos y contra la posibilidad de contratar personal interino a través de las Empresas de Trabajo Temporal, algo que con el decretazo de la Junta, aceptado por CCOO y UGT, sí será posible de forma indirecta para la Administración General de la Junta de Andalucía.  

Afortunadamente, nada de esto es aplicable a los funcionarios de carrera e interinos al servicio de la Administración de Justicia, pues aunque la gestión de este personal corresponde a la Junta de Andalucía, nuestro estatuto jurídico se regula en su mayor parte por el Estado, sin que la creación de esa “Administración paralela” que propugna la Junta de Andalucía y sus sindicatos amigos pueda, hoy por hoy, ponerse en práctica en la Administración de Justicia.

No obstante, nos preguntamos. ¿Es ese el modelo que quieren, también para Justicia, los sindicatos CCOO y UGT? Deberían aclararlo, para despejar dudas.

Nuevas subvenciones millonarias para CCOO y UGT.- Seguramente no tendrá nada que ver con lo anterior y será una casualidad, pero en el BOJA de 4 de noviembre se publica la concesión de una subvención de 4.550.000 euros para UGT y 4.539.792 euros para CCOO, para la implantación de “Unidades de Orientación Laboral”.

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