Jul 29 2014

Siete razones contra la privatización del Registro Civil

Interesante artículo de JAVIER MARTÍNEZ DEL MORAL PUBLICADO EN INFOLIBRE

El Gobierno incluyó en el real decreto ley ómnibus de 4 de julio de 2014, recientemente convalidado por la mayoría del PP, la privatización del Registro Civil, dedicando a ello las disposiciones adicionales decimonovena a vigesimocuarta.

Creo que esta norma no se ajusta a la normativa de la UE, es inconstitucional, inmoral, opaca, ha sido aprobada violando la Ley de Conflicto de Intereses, revela una sorprendente realidad que exige una profunda investigación y se ha elegido el sistema más ineficiente y costoso para su propiedad, gestión y explotación.

1. ES INCONSTITUCIONAL

Como ha denunciado toda la oposición política, el Gobierno ha utilizado el decreto ley como vehículo normativo para atender criterios de opacidad, eludiendo los informes técnicos y dictámenes de organismos públicos que, a buen seguro, hubieran impedido su tramitación parlamentaria con el contenido predispuesto. Este defecto no se corrige con la carnaza lanzada por Sáenz de Santamaría después de su convalidación, a fin de que se tramite como proyecto de ley para debatir enmiendas (contra los aprobado por el PP), desoyendo a las asociaciones y colegios afectados, ni subsana la ausencia de la memoria y estudio económicos que nos permita saber cuánto va a costar el capricho de Gallardón y quién y cómo lo van a pagar.

Añádase que siendo objeto de tramitación parlamentaria ulterior como proyecto de ley no podrá recurrirse ante el TC con efectos suspensivos.

Invocar la extraordinaria y urgente necesidad de la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de Zapatero de 2011, cuando de origen incorporaba una vacatio de tres años y –al menos– falta otro año para que inicie su aplicación, es faltar a la verdad. Rajoy ya presentó en la tramitación parlamentaria en 2010 dos enmiendas en el Congreso (las número 115 y 168) y otra en el Senado (la número 42) para poder privatizar el Registro Civil a manos de los registradores. Tales enmiendas fueron rechazadas, pero revelan que la privatización a favor del colectivo registral no es algo novedoso ni mucho menos urgente. Recordemos también que el anteproyecto de reforma integral de los registros, de 2012, tenía esa pretensión, como denunciara Miguel Ángel Aguilar (El País, 26/11/2012, “Asalto al registro civil”). La oposición frontal a esta norma por parte de todos los colectivos de justicia, sindicatos, partidos y sociedad, es lo que ha llevado a Gallardón a deshojar tranquilamente la margarita durante veinte meses, al estilo de Gregorio Marañón: si hoy es muy urgente, mañana lo será todavía más…

Se buscó el mejor momento para anunciar la elección (cambio de rey) y para aprobarlo (en el Consejo de Ministros de la operación salida de verano). Hablar ahora de una necesidad inaplazable suena a chiste, sobre todo si tenemos en cuenta que la aplicación del decreto ley precisa reformas legislativas y reglamentarias que dejan sin efecto la inmediata virtualidad normativa aparentemente pretendida.

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