Ene 16 2014

Prensa: STAJ contesta al Consejero sobre su propagandístico proyecto de Nueva Oficina Judicial

Noticia en ABC.-

La Nueva Oficina Judicial de Andalucía levanta ampollas entre los sindicatos

STAJ afirma que el modelo no ha sido consensuado con los sindicatos

El Decreto de Nueva Oficina Judicial y Fiscal de Andalucía aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta ha levantado ampollas entre algunos sindicatos. STAJ ha calificado esta nueva medida de «farsa», habida cuenta de las carencias endémicas que sufre la Administración de Justicia tanto en recursos humanos como materiales, por lo que ha pedido su paralización.

El consejero de Justicia, Emilio de Llera, ha apelado en un acto en Almería al «diálogo» con las centrales sindicales para implantar la nueva estructura, lo que en opinión del delegado en Málaga de STAJ, José Manuel Peñuela Díaz, no es más que «un drama absurdo» para vender a los medios de comunicación «la supuesta y definitiva solución a los males de la Justicia».

Peñuela ha indicado que este diseño, con el que el Gobierno andaluz pretende lograr una justicia más ágil y eficaz, llega con casi diez años de retraso y en un entorno de «profunda crisis económica que aún no se ha llegado a superar». Además, ha comentado que la medida no ha sido consensuada con los representantes de los trabajadores ni se ha informado del montante económico que se destinará a la misma.

Para STAJ es «incomprensible» que la Consejería del ramo vaya a afrontar «un desafío técnico de tal envergadura» cuando afirma «no tener dinero suficiente» para garantizar las plantillas en los órganos judiciales tras la supresión de los interinos de refuerzo estructurales y para cubrir las bajas o licencias de los titulares.

El delegado en Málaga de STAJ ha calificado la Nueva Oficina Judicial de «patraña» y de «mera campaña de propaganda política», tras la cual se ocultan, en su opinión, «más despidos entre los trabajadores, enmascarados como amortizaciones de plantilla, mayores retrasos y la vulneración del derecho a la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos».

En cualquier caso, el sindicado ha considerado que no es el momento idóneo para desarrollar este modelo, por lo que ha vuelto a instar a la Junta de Andalucía a que lo paralice hasta que la situación económica sea más boyante, puesto que su implantación requiere de unos medios humanos y especialmente técnicos que no parecen estar al alcance de sus posibilidades actuales. «El anuncio es un fracaso anticipado», ha finalizado José Manuel Peñuela

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Noticia en La Opinión de Málaga.-

El sindicato STAJ tilda de ´farsa´ la oficina judicial

“Se trata de vender a los medios de comunicación la supuesta y definitiva solución a los males de la Justicia”

La Junta de Andalucía pondrá en marcha en las próximas semanas la Nueva Oficina Judicial (NOJ), un programa piloto sobre el que asienta la futura reforma de esta administración que acaba con los juzgados y aboga por servicios comunes para tramitar los asuntos. Vélez Málaga y El Ejido acogerán de forma pionera estas nuevas salas. Pese a que se ha vendido como un paso adelante revolucionario, el Sindicato de Técnicos de Administración de Justicia (STAJ) tilda de «farsa» la iniciativa.

«Es una farsa de la Consejería de Justicia, ya que se trata de vender a los medios la definitiva solución a los males de esta administración», dice el sindicato, que añade que «este diseño viene con diez años de retraso y tendría que suponer la mayor transformación del servicio público para convertirla por fin en una Justicia ágil y eficaz que responda en plazos razonables al justiciable».

En opinión de la central sindical, «se pretende llevar a cabo en un entorno de profunda crisis económica que aún no se ha llegado a superar, y cuya nefasta gestión ha supuesto el peor periodo de recortes de nuestra democracia».

El sindicato se queja de que el texto no se haya consensuado con los trabajadores, «pese a constituir uno de los más profundos cambios en sus condiciones de trabajo, y, por otro lado, tampoco se ha informado del montante económico que se aplicará a este cambio en la gestión de la Justicia». Todo ello, a pesar «de la incapacidad de dar solución a los problemas cotidianos de la Justicia o de poder pagar la totalidad del sueldo a los funcionarios».

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