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STAJ traslada al Presidente del TSJA los principales problemas y déficits que padece la Administración de Justicia en Andalucía.
En dicha reunión, celebrada el 18 de noviembre, el delegado sindical de STAJ -Antonio García Martínez- expuso al Presidente del TSJA el contenido del escrito que exponemos a continuación:
“El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), es el único sindicato específico en el ámbito de la representación sindical de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y, desde las últimas elecciones sindicales celebradas en 2019, es el segundo en representación en cómputo nacional y está presente en todas las Mesas Sectoriales tanto a nivel de territorio Ministerio como en las autonómicas en las que ha concurrido, incluida la de Andalucía. STAJ nació con esa vocación de ser el “único sindicato exclusivamente por y para los funcionarios y funcionarias de Justicia en defensa y mejora de sus condiciones de trabajo” pero también por la deseada mejora y modernización de esta Administración. Además, STAJ se caracteriza por ser un sindicato sin afinidades políticas de ningún tipo y esto nos hace ser plenamente libres e independientes a la hora de negociar con la Administración, sea del partido político que sea, en las distintas Mesas sectoriales de las que formamos parte.
Los funcionarios y funcionarias de Justicia llevamos décadas observando cómo desde los poderes públicos, nuestros políticos y gobernantes repiten sin cesar ese objetivo que reclama toda la sociedad española en su conjunto, el de conseguir una “Justicia ágil y eficaz que responda en plazos razonables a los ciudadanos de este país”. Y, hemos visto como, a pesar de las reformas legales que se han sucedido (fundamentalmente la de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003), estos cambios legislativos no han ido acompañados de la necesaria voluntad política de invertir decididamente en la Justicia para permitir que esa modernización fuese una realidad.
De forma particular, en nuestra Comunidad Autónoma, a pesar de los avances conseguidos desde que en 1987 se produjo el traspaso de competencias en materia de Administración de Justicia a la Junta de Andalucía, la Justicia andaluza aún padece muchos de los males endémicos que afectan a esta Administración en el resto del Estado español.
Las infraestructuras y sedes que albergan los Juzgados y Tribunales andaluces siguen siendo deficitarias tanto para el personal funcionario que trabaja en ellas, como para justiciables y profesionales que acuden a diario, siendo la falta de espacio tanto en oficinas y archivos judiciales, como en los espacios comunes y salas de espera, la tónica general que se repite en los edificios judiciales, además de la dispersión de órganos judiciales de la misma especialidad y el colapso de espacio en muchos de ellos que impide que se alberguen los nuevos juzgados que se crean. Estos males se repiten fundamentalmente en las localidades cabezas de partido judicial y en las capitales de provincia que, -a excepción de Málaga, Almería y Córdoba-, aún no cuentan con las necesarias “Ciudades de la Justicia. Córdoba es la única que cuenta con un edificio judicial diseñado y construido con perspectivas de futuro ya que el de Málaga está colapsado y no admite más órganos judiciales; y el de Almería no contiene todos los órganos judiciales de la capital. A esta precaria situación se ha sumado la crisis sanitaria que aún padecemos y que hace aún más complicado el que se pueda realizar diariamente la prestación del servicio público y compatibilizarlo con las medidas de seguridad y preventivas que han establecido las autoridades sanitarias.
Al hilo de este escenario de pandemia, que ha evidenciado las precariedades físicas de una inmensa mayoría de sedes judiciales, también se ha desvelado la falta de modernización acorde con la era tecnológica de la sociedad en la que vivimos. La Administración de Justicia andaluza, a pesar de las últimas inversiones en esta materia, no ha llegado al punto necesario de estar preparada para afrontar este contexto temporal tan crítico en el que, otras administraciones, sí han sabido responder mejor por contar con más y mejores medios tecnológicos porque en su día se apostó por invertir en ellas. El teletrabajo, como herramienta que puede servir para paliar en parte los efectos de la crisis sanitaria, sigue sin ser una realidad en esta administración y ha sido casi testimonial por no contarse con los medios técnicos de software y hardware suficientes para que hubiese sido una de las alternativas de trabajo en la complicada situación en que vivimos. Además, a pesar de los anuncios de la Consejería de Justicia de la próxima implantación del nuevo programa de gestión procesal que integre todas las aplicaciones informáticas que se usan a diario en los Juzgados y que, además, permita la optimización del trabajo que acabe con la tediosa tarea de tener que repetir la entrada de los mismos datos en todas las aplicaciones (con la pérdida de tiempo que ello supone) y, posibilite la rápida y fácil actualización de los formularios procesales y, entre otras muchas funcionalidades necesarias, permita e integre todo tipo de notificaciones telemáticas, así como el teletrabajo de forma eficaz, los tiempos de espera de esta necesaria modernización son tan a largo plazo que parece que nunca van a llegar y, el Expediente Digital como panacea y solución de muchos de los males de esta Administración es simplemente testimonial al ser unos pocos Juzgados los que lo tienen implantado. A esta situación de continuo aplazamiento de esa modernización, se añade el problema de que existen aún Juzgados en los que tanto por sus titulares como por los responsables técnicos procesales, hacen poco o escaso uso de las herramientas informáticas existentes y se sigue utilizando el soporte papel en muchos expedientes que bien podrían ya tramitarse de forma electrónica exclusivamente, produciéndose un innecesario derroche de papel y consiguiente gasto evitable para la administración además del perjuicio que se causa para un medioambiente sobre cuya delicada situación existe una preocupación y sensibilidad en toda nuestra sociedad que se ha acrecentado con motivo de la pandemia que sufrimos. Sería una magnífica oportunidad para que la Administración de Justicia se convierta en pionera en ese perseguido objetivo de conseguir el “papel cero” y por ende en la preservación y conservación medioambiental.
Respecto a plantillas orgánicas de funcionarios, aún son muchas localidades cabeceras de partido judicial que continúan con dotaciones de personal que no han sido revisadas desde hace cerca de 30 años.
No obstante, al igual que es nuestra misión el censurar y criticar los fallos y carencias de esta Administración en la que trabajamos, hemos de reconocer los esfuerzos que se hacen y los aciertos que se consiguen. De forma concreta nos referimos al Plan de prolongaciones de jornadas de tarde para paliar en la justicia andaluza los efectos de la crisis sanitaria del Covid19 y que fue puesto en marcha por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía el pasado 1 de septiembre. Hemos de poner en valor que la Consejería ha hecho un importante esfuerzo y ha mejorado notablemente el análogo –pero insuficiente- Plan que ha puesto en marcha el Ministerio en su ámbito territorial. El Plan andaluz, conforme a lo reivindicado por STAJ y accediendo a muchas de nuestras peticiones, es mucho más ambicioso que el del Ministerio ya que abarca más tipos de órganos jurisdiccionales y no impone como el del Ministerio, objetivos inalcanzables y desmotivadores, motivo por el que en contraposición al del Ministerio que no está teniendo apenas aceptación, el andaluz si está resultando exitoso por su altísimo porcentaje de aceptación. En definitiva, el Plan andaluz, que si bien esperamos que sea mejorado en cuanto a que incluya la totalidad de jurisdicciones y fiscalía, porque todas se van a ver afectadas por esta crisis incluyendo los juzgados de todas las cabezas de partido judicial, así como que dicho Plan se prolongue más allá del 31 de diciembre de 2020, sí servirá para paliar parte de los efectos del contexto actual. Pero aun así, hace falta que desde instituciones como las que V.E. preside, se inste a la Consejería de Justicia a la ampliación de la totalidad de órganos judiciales como a su prórroga hasta que se alcancen cargas de trabajo asumibles.
También, permítanos recordarle algo obvio pero que no por ello podemos dejar de pasar en este escrito: el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia sigue sin tener el deseado protagonismo que avala el dato objetivo de que constituye cerca del noventa por ciento de servidores públicos que trabaja en esta Administración. Sin querer restar protagonismo al resto de cuerpos superiores que trabajan en la Justicia y, siendo incuestionable que cada uno de ellos tiene las importantes funciones que las leyes le atribuyen, es evidente que los funcionarios y funcionarias de Justicia somos los que día a día atendemos a los miles de ciudadanos y profesionales que acuden a las sedes judiciales y somos los que soportamos la práctica totalidad de la carga de trabajo de todos los procedimientos judiciales en todas sus fases procesales desde su inicio a su finalización. Y, a pesar de ello, seguimos observando como desde las instituciones implicadas en la gestión de la Administración de Justicia sigue obviándose en muchos casos este importante papel, hecho que, además de llegar a constituir en determinados casos el incumplimiento del derecho a la negociación de nuestras condiciones de trabajo, supone el flaco favor que se causa al servicio público el no contar con la experiencia y aportaciones de su colectivo más numeroso que es el que atiende en primera línea a sus usuarios y utiliza, conoce y padece las bondades, carencias y fallos de las herramientas de trabajo y de las condiciones en las que se presta ese servicio a la ciudadanía.
Por otro lado y con relación a las importantes funciones que a diario realiza nuestro colectivo, hemos de apuntar que aún siguen sucediéndose en muchos Juzgados la práctica de diligencias judiciales que, a pesar de estar atribuidas expresa y legalmente a los titulares de los órganos judiciales, se siguen realizando por los funcionarios de justicia. Esta situación se produce con una frecuencia que es casi norma, en los Juzgados de Instrucción ya sean exclusivos o mixtos, cuando se practican declaraciones de perjudicados, testigos, etc. También en Juzgados de otras jurisdicciones, este mismo tipo de declaraciones son practicadas en solitario por los funcionarios de justicia. La realización de esas diligencias judiciales (que deviene de costumbres y tiempos que, casi podríamos catalogar como arcaicos, pero que increíblemente aún subsiste y no precisamente de forma testimonial), cuando menos podría denominarse como irregular y podría ser objeto de estudio y debate el que pudieran ser catalogadas incluso de ilegales. La realización de estas tareas no atribuidas a los cuerpos al servicio de la Administración de Justica, debe ser definitivamente abandonada pues no tiene sentido que formemos parte de la Administración que vela por el cumplimiento de la legalidad y sin embargo funcione con prácticas que podrían ser ilegales que tampoco pueden justificarse en el pretexto de que aún se permite, por formar parte de la solución a la sobrecarga de trabajo de los Juzgados.
Todo lo anteriormente expuesto es ampliamente conocido por V.E. y, junto con otras muchas cuestiones de las que aquí hemos esbozado, son objeto de estudio y análisis que constituyen las Memorias que publica ese alto Tribunal cada año sobre el estado y funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía. Conocemos por tanto la labor que realiza V.E. en el uso de las competencias y atribuciones que legalmente le corresponden, y no obstante, mediante el presente le solicitamos a que en ejercicio de las mismas continúe instando a los poderes públicos e instituciones estatales y autonómicas competentes en la gestión de esta Administración, a que promuevan las acciones necesarias para solucionar los graves déficits que sigue padeciendo. Y, por último, permítanos recordarle que algunas de las cuestiones y problemáticas aquí apuntadas y, de forma concreta a la que hacemos referencia sobre la persistencia de prácticas, cuando menos irregulares, en los Juzgados andaluces, consideramos que V.E. tiene plena y total competencia para realizar acciones que por fin acaben con las mismas.”
