Hace meses que STAJ viene denunciando, mediante escritos dirigidos a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y en medios de comunicación, el pésimo funcionamiento del nuevo programa de gestión procesal. Una herramienta mediante la que, supuestamente, se pretende dar un paso importante en la carrera hacia la digitalización y mejora del servicio público de Justicia.
El programa @driano, cuyo coste ha supuesto un desembolso de más de 20 millones de euros, es tanto a juicio del colectivo afectado y destinatario principal de su manejo, como de los propios representantes de STAJ, que hemos tenido la ocasión de realizar los períodos de formación, un fracaso absoluto. Ya sea el propio periodo de formación, carente del más mínimo rigor y previsión, así como la propia puesta en funcionamiento, con incontables fallos, carencias y falta la de solvencia en la corrección de errores, hacen que uno de los proyectos estrella de la Consejería de Justicia pueda calificarse como el mayor fracaso de José Antonio Nieto como responsable del ramo.
Como conocedores cualificados del servicio público de Justicia podemos afirmar que las declaraciones del Consejero, en las que anunciaba que el nuevo procesador de datos sería el más avanzado de España, son totalmente inútiles en lo que al beneficio en el servicio público pueda tener esta inversión. Justificamos esta afirmación en tres problemas clave como son: la lentitud extrema del programa, algo totalmente incompatible con el nivel de desarrollo actual de las nuevas tecnologías, una formación del personal totalmente insuficiente tanto en tiempo como en la calidad formativa, así como un seguimiento nulo de los fallos e incidencias a subsanar una vez puesto en marcha y en fase de uso ordinario.
Una falta de atención y subsanación de las distintas deficiencias que hemos ido comunicando en la mayoría de los casos, junto a la frivolidad de la Administración en sus contestaciones a nuestros requerimientos, y una planificación improvisada y mediocre del proceso de formación, hacen que el proyecto, cuyo objetivo era facilitar el trabajo y sobre todo mejorar la gestión del servicio público peor valorado por los españoles según la última encuesta del CIS, se haya convertido en uno de los mayores problemas tanto para personal de la administración de justicia como para los ciudadanos. Estos últimos verán, si no se remedia, como sus procedimientos más allá de agilizarse seguirán la senda actual de la lentitud hasta límites exasperantes.
Especialmente preocupante es el impacto que está teniendo en las jurisdicciones civil y penal: en la jurisdicción civil se ha acentuado la carga de trabajo desde que entró en funcionamiento a finales del año pasado, carga que ya venía incrementada previamente debido a las huelgas de LAJs y de funcionarios que tuvieron lugar el año pasado. En la penal se ha observado la ralentización del trabajo diario, viéndose afectados tanto los derechos de las víctimas como los de las personas objeto de investigación y, en su caso, cumplimiento de penas, penas que afectan, en muchos casos, a derechos fundamentales tan importantes como la libertad y la seguridad.
Dicho todo esto, desde STAJ queremos denunciar, una vez más, el fracaso del aplicativo @driano al objeto de que la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía tome las medidas necesarias para conseguir su funcionamiento óptimo y proteger, de esta forma, los derechos de los ciudadanos, tan importantes como es el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas recogido en el principio séptimo de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
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