STAJ denuncia el uso de la libre designación en la implantación de la Ley Orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia en la Comunidad Autónoma Andaluza.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) expresa su rotundo rechazo a la extensión de la libre designación en la Administración de Justicia en Andalucía, una práctica promovida por el Consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que busca consolidar el control político sobre los funcionarios en el marco de la implantación de la nueva Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del servicio público de Justicia.
En los últimos documentos proporcionados por la Consejería, se confirma que las jefaturas de equipo en los centros de destino de varios municipios andaluces incluidos en la II fase (Marbella, Torremolinos y Fuengirola) se asignarán mediante el sistema de libre designación. En total, se trata de 18 puestos distribuidos entre los tres partidos judiciales, con seis designaciones discrecionales en cada uno de ellos.
Esto vulnera los principios fundamentales de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a los puestos de responsabilidad dentro de la Administración pública.
Además, esta situación sugiere que, cuando se establezcan las jefaturas de equipo en los centros de destino de todas las capitales de provincia, que se prevé para el segundo semestre de este año, la designación discrecional se convertirá en la norma.
Destaca que estos puestos de trabajo tendrán acceso y control directo sobre los procedimientos judiciales, ya que serán los responsables de la gestión procesal, impartiendo instrucciones de obligado cumplimiento al resto del personal de las oficinas judiciales de Andalucía.
Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial permite la existencia de este tipo de puestos, hasta hora apenas habían sido usados más que para puestos de asistencia directa a altos cargos de la Judicatura o Fiscalía. Sin embargo, el Gobierno andaluz ha ampliado su aplicación a puestos técnicos y operativos esenciales para el correcto funcionamiento de los juzgados.
Con esta estrategia, la Consejería de Justicia no solo está socavando la independencia de los funcionarios, sino que también está creando un sistema peligroso que podría favorecer a los afines al poder político, ignorando las necesidades del servicio público.
Para STAJ, la política debe estar lejos, muy lejos de la Justicia para no contaminarla.
Endulzando su definición, los puestos de libre designación (PLD) son cargos públicos que se cubren por decisión discrecional de un órgano competente. Se suelen ocupar por personas con experiencia y confianza para realizar funciones de dirección, confianza o especial responsabilidad. Son puestos de “especial disponibilidad” y “confianza personal”. Esto es lo que dicen las leyes y tal vez podrían estar justificados para ciertos cargos, pero que no se comprenden en el seno de la Administración de Justicia, que por definición debe ser imparcial tanto por quienes la imparten, los jueces, como por quienes prestan apoyo a la función jurisdiccional, los funcionarios judiciales.
Que creen puestos de libre designación en otras en otros sectores de la Administración, aun no gustándonos, posiblemente tenga su razón de ser, pero crear puestos de libre designación en el corazón de la Administración de Justicia no, señor Consejero, rotundamente, no. Politizar la Administración de Justicia no es de recibo.
Hasta la fecha, así lo han entendido los doce territorios que han asumido competencias en materia de personal de la Administración de Justicia. Sin embargo, parece que no lo ha visto de la misma manera el Consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto, quien, en lugar de buscar soluciones para garantizar un servicio público de calidad, con una organización eficiente que optimice recursos y aproveche el potencial humano, la experiencia y los amplios conocimientos procesales del personal funcionario, parece querer priorizar el control político de la Administración de Justicia.
Hasta ahora, en la Administración de Justicia no habían tenido cabida los puestos de libre designación, lo que pretende la Consejería de Justicia es un precedente muy peligroso, por lo que desde STAJ conminamos a que, de forma urgente, retire esta propuesta de RPTs que nos ha enviado.
