Prensa: Treinta familias evitan el desahucio en Granada por el Protocolo de Coordinación Municipal Judicial

El Protocolo de Coordinación Municipal Judicial, es una iniciativa que surge desde los funcionarios de Justicia para facilitar a las personas inmersas en procedimientos de desahucio toda la información sobre los servicios sociales comunitarios, con el objetivo de buscar alternativas de vivienda antes de la fecha de salida de lanzamiento, coordinando la Administración de Justicia y los Servicios Sociales.

Concretamente, la iniciativa surge de Miguel Ángel Herrera y sus compañeros que trabajan en el departamento de Notificaciones y Embargos, de los juzgados de Granada, “cuando la administración es capaz de hablar entre sí se dan resultados como estos”, asegura Herrera.

En total se han tramitado, desde que se firmó el Protocolo de Coordinación Municipal Judicial en 2013, 220 expedientes de familias en situación de urgencia y exclusión social. Estos expedientes se envían a la Agencia de la Vivienda de la Junta de Andalucía (AVRA), de estas 220 familias, a 45 se les ha concedido una vivienda protegida AVRA y 14 familias han sido beneficiadas con viviendas de Emuvyssa.

Además los funcionarios proponen crear un punto de información dentro de los juzgados de Granada, donde unos funcionarios de modo voluntario atenderán a las personas que lo requieran información sobre los trámites necesarios para por ejemplo, acceder a la vivienda protegida dentro del registro de Demandantes de Vivienda que gestiona Emuvyssa, los Programas Alquileres Solidarios, Alojamiento de Emergencia para Familias, darán también un asesoramiento y atención jurídica, social y psicológica.

AYUDAS AL ALQUILER

Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento se destinan 250.000€ unas ayudas de carácter coyuntural, cubren una necesidad de las familias en un momento concreto, es decir, aquellas familias que no pueden cubrir las necesidades básicas, pagar las rentas con el fin de evitar el desahucio, abonar facturas… Hasta la fecha se han beneficiado 223 familias en 2014 frente a las 344 del año total.

UN PROTOCOLO PIONERO EN ANDALUCÍA

Este protocolo ha sido resultado de una serie de reuniones que se mantuvieron entre la concejalía Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada con el Decanato para evitar desahucios en la ciudad. El Parlamento Andaluz ha aprobado una medición a instancia del grupo IU con el apoyo del PP para que la Consejería de Justicia utilice como modelo este convenio suscrito con el Ayuntamiento de Granada. Ahora IU presenta mociones en todos los municipios andaluces para que se ejecute lo acordado

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