Sostienen bastantes jueces con los que he tenido ocasión de hablar que todas las reformas que pretende llevar a cabo el ministro de justicia obedecen a un único objetivo: acabar con la independencia judicial.
Sostienen estos jueces que el plan del ministro para acabar con la independencia judicial se apoya en tres pilares fundamentales: El primero controlar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante el sistema de elección de sus componentes, el segundo controlar la instrucción de las causas a través del Ministerio Fiscal aprovechando el principio de jerarquía y el tercero controlar a los jueces a través de la oportuna creación y regulación de los tribunales de instancia. Si consiguiera estos tres objetivos, afirman estos jueces, el control del gobierno sobre el sistema judicial sería absoluto y esto, eventualmente, sería el salvoconducto perfecto para la impunidad de muchos de los delitos que llenan las primeras planas de nuestros periódicos.
Tales afirmaciones, recurrentes en las esperas de los juicios y en las salas de togas, son tan graves que cuesta dar crédito a las mismas y sin embargo…
No sé si alguien tiene a estas alturas dudas de cuáles son las intenciones del ministro. La única duda que me cabe es otra más inquietante: ¿Alguien piensa hacer algo?
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