Ante las informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, y las declaraciones vertidas tanto por el Magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, la Consejera de Justicia y otros representantes judiciales y del Ministerio Fiscal, esta Junta de Personal manifiesta públicamente lo siguiente:
En primer lugar, queremos expresar nuestro más profundo pesar por las circunstancias en que se ha producido la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés, y mostrar nuestras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia en unos momentos tan difíciles.
En segundo lugar, esta Junta de Personal rechaza frontalmente que se apunte como posible responsable de la situación de libertad en que se encontraba el presunto asesino de Mari Luz Cortés a cualquiera de los funcionarios de la Administración de Justicia, ya que su función consiste en colaborar con los jueces, por lo que les está vedado tomar cualquier decisión de tipo jurisdiccional.
No entraremos a valorar si la baja de una determinada funcionaria fue o no cubierta en un plazo razonable, aunque es verdad que la Consejería de Justicia no suele cubrir las bajas al menos hasta que ha transcurrido más de un mes, como tampoco valoraremos que los órganos de inspección del CGPJ consideraran, en noviembre del pasado año, que en el Juzgado sólo existía un leve retraso.
Lo cierto es que las diligencias contra el hoy presunto asesino de Mari Luz, por abusos contra su propia hija, se abrieron en el año 1998, dictándose sentencia condenatoria en noviembre de 2002, que fue recurrida ante la Audiencia Provincial, que resolvió el recurso en el mes de diciembre de 2005, para incoarse ejecutoria, finalmente, en enero de 2006.
Más de 7 años para tramitar una causa penal. De haberse sustanciado en un plazo razonable, el presunto asesino de Mari Luz estaría ya en libertad desde hace tiempo, tras el cumplimiento de la condena.
Es evidente, por tanto, que el sistema judicial falla, no sólo en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, sino en todos los órdenes jurisdiccionales, porque adolece de graves deficiencias, como son la falta de medios, tanto materiales como personales, porque está regido por un sistema procesal anquilosado y en muchos aspectos obsoleto, porque las aplicaciones informáticas son manifiestamente mejorables. Porque, en definitiva, la Administración de Justicia aún no ha terminado de salir del siglo XIX. La Ley Orgánica del Poder Judicial fue modificada en diciembre del año 2003 y hasta la fecha aún no se ha puesto en marcha la nueva oficina judicial que con dicha reforma se implantaba. Y aún no tenemos fecha de implantación.
Por tanto, desde esta Junta de Personal, queremos dejar claro que:
1.- Negamos tajantemente las manifestaciones realizadas por el Magistrado de lo Penal número 1 de Sevilla que intentan desviar la responsabilidad haciéndola recaer en el personal de Juzgado.
2.- Exigimos que se investiguen las causas que han motivado los lamentables hechos, con depuración de las responsabilidades que en su caso pudieran corresponder al Ministerio de Justicia, Consejería de Justicia, Poder Judicial o Ministerio Fiscal.
3.- Mostramos nuestro firme apoyo a todos los funcionarios de la Administración de Justicia, a quienes representamos, y muy especialmente a los de los Juzgados de lo Penal, que soportan una carga de trabajo muy por encima de los módulos establecidos al efecto por el Consejo General del Poder Judicial, y alabamos la enorme dedicación y la labor que realizan, asumiendo responsabilidades muy por encima de las establecidas legalmente. Sin el trabajo de los funcionarios, el colapso en los órganos judiciales sería absoluto.
4.- Consideramos que el órgano de gobierno de los Jueces debería tener en cuenta que en los módulos de trabajo establecidos también deberían incluirse las ejecuciones de sentencia, que ahora no lo están. Recordemos que la función jurisdiccional consiste en juzgar y en ejecutar lo juzgado.
5.- Exigimos a los poderes públicos que de una vez por todas se tomen en serio la Administración de Justicia, que constituye un pilar básico para la convivencia pacífica de los ciudadanos en democracia, invirtiendo en medios, en personal, en edificios, en nuevas tecnologías, en aplicaciones informáticas eficaces. Los representantes políticos deberían dejar a un lado sus diferencias y poner en marcha la reforma de las leyes de procedimiento que permitan la implantación de la nueva Oficina Judicial, proyectada hace años. Sólo así podrá ofrecerse la Justicia rápida y de calidad que merecen los ciudadanos.
Edificio Viapol, Portal B, planta 3ª, Local sindical STAJTeléfonos: 95.504.32.68 – 666.55.08.77 – 667.62.78.15