Firmado el texto del preacuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia el día 10 de julio
En la reunión de la mesa sectorial de fecha 23 de julio se procedió a la aprobación del acta de la reunión del día 10 del mismo mes, y se ha procedido a la firma del preacuerdo alcanzado en aquella mesa, y de cuyo contenido ya hemos informado.
Recordemos que gracias a ese preacuerdo –que será elevado a definitivo cuando en el articulado del proyecto de LOPJ que el Gobierno remita al Parlamento se plasmen todos los principios recogidos en el mismo-, se ha logrado dar marcha atrás a numerosos preceptos que suponían un grave retroceso en nuestros derechos y condiciones de trabajo, además de un grave riesgo de pérdida de cientos de puestos de trabajo. Los aspectos más destacados del preacuerdo son los siguientes:
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Se mantiene la existencia de partidos judiciales.
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Se mantienen los centros de destino previstos en la LOPJ vigente, de forma que los centros de destino no se referirán a la provincia, sino al municipio. El articulado del Proyecto de LOPJ deberá recoger este principio sin género de dudas; por ello todos los artículos que en el Anteproyecto fueran consecuencia del carácter provincial del centro de destino previsto en el mismo, deberán ser modificados: por ejemplo, la regulación de la reordenación de efectivos ordinaria debe incluir la prohibición de que esa reordenación suponga cambio de localidad de destino.
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Se crearán “Oficinas judiciales de Paz” en las que se integrarán los funcionarios de Justicia que actualmente presten servicios en Juzgados de Paz y Agrupaciones. Estas oficinas serán, además, centro de destino (la LOPJ vigente no los contemplaba como tales)
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Se garantiza la promoción interna mediante procesos independientes desvinculados de la Oferta de Empleo Público.
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Compromiso de desarrollo reglamentario tan pronto se publique la LOPJ, en el que se concretarán las formas de provisión de puestos de trabajo y se podrán introducir mejoras respecto al régimen actual de algunas cuestiones como, por ejemplo, sustituciones o comisiones de servicio, entre otras.
Puedes ver el resto de puntos del preacuerdo en nuestra información de fecha 11 de julio. Accede pinchando AQUÍ
No entendemos la postura irresponsable, electoralista y politizada de CCOO, desmarcándose de este preacuerdo que, digan lo que digan, sí salvaguarda los derechos de los funcionarios de Justicia que se habían puesto en grave peligro en el Anteproyecto original. En las informaciones que esa organización está difundiendo falta a la verdad de forma descarada y tergiversa los datos. Cualquiera podrá comprobar que la redacción de la actual LOPJ, en vigor, no recoge casi nada de lo que ahora dice reclamar CCOO, LOPJ vigente en la que se recoge un estatuto jurídico de los funcionarios de Justicia que fue pactado, punto por punto, por CCOO en noviembre de 2002. Quizá CCOO ha olvidado que fueron ellos quienes desconvocaron la huelga prevista en aquellos días, porque, según ellos, se había logrado mejorar sustancialmente nuestro estatuto jurídico preexistente. ¿Lo que entonces era bueno ahora no lo es?
CCOO sabe que la mayor parte de lo que dicen ahora que debería estar en la LOPJ no lo ha estado nunca, pues se requiere su plasmación posterior, igual que ahora, en los reglamentos de desarrollo; y así se hará, porque eso también forma parte del preacuerdo firmado hoy. Y en cualquier caso hay cuestiones (por ejemplo, adscripciones de puestos de trabajo por jurisdicciones en las UPADs y en secciones en los servicios comunes) que ya están garantizadas mediante otros pactos que siguen en vigor, en los que, por cierto, CCOO sí intervino. Claro que entonces el partido en el gobierno no era de derechas, como el de ahora.
En realidad, CCOO, desvinculándose de este preacuerdo, está dando un cheque en blanco al Ministerio para que imponga la movilidad geográfica forzosa, la supresión de todos los partidos judiciales, el cierre de los Juzgados de Paz, el traslado forzoso de sus funcionarios a otra localidad y el cese de todo el personal interino excedente en esos Juzgados y en los de los partidos judiciales cuyas sedes desaparecerían. Menos mal que hemos estado el resto de sindicatos para evitarlo.