LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA GRANADINA AÚN MENOS EFICAZ A PESAR DEL AUMENTO DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES POR LA CRISIS
El Sindicato STAJ advierte de los perjuicios que causarán los despidos de estos trabajadores de refuerzo: En el Juzgado de Instrucción 1 supondrá la casi total paralización de la causa penal denominada como la “Estafa del Oro”, con los consiguientes perjuicios que esto producirá en los cientos de perjudicados que esperan la resolución a sus reclamaciones; El Juzgado de lo Penal Nº 5 de Granada ha visto aumentado el número de Ejecutorias en un 55 % respecto al 2008 y en lugar de ampliarse su plantilla en proporciones acordes a la sobrecarga de trabajo (situación idéntica que viven el resto de Juzgados Penales granadinos) sufrirá un notable empeoramiento a la hora de resolver definitivamente las casi 800 Ejecutorias que tiene en trámite, además de acrecentarse el grado de psicosis que se vive en estos Juzgados desde el triste caso “Mari Luz”; En Santa Fe, uno de sus procedimientos penales “estrella” (el caso “Alhendín”) que se tramita en el Juzgado Nº 2, se ralentizará tanto que podrá suponer un “cuasi archivo de facto” y, en el Nº 3, -Juzgado casi recién estrenado- no podrá atender a las peticiones de las cerca de 2500 demandas civiles que lleva en el escaso año y medio de vida del Juzgado; Por último, especialmente grave es el caso del Juzgado de 1ª Instancia 14, encargado de los procedimientos mercantiles de la provincia, porque sufrirá la ralentización de los procedimientos concursales que tramita y provocará que los cientos y cientos de trabajadores que están a la espera de la resolución de los mismos, tengan que esperar aún más para poder solicitar las prestaciones por desempleo: ¿pretenderá la Junta de Andalucía dilatar de esta forma el pago de los subsidios de desempleo de todos estos trabajadores…?
El sindicato STAJ lleva reclamando insistentemente, tanto a la Delegación Provincial de Justicia, como a la Consejería, la adopción de medidas definitivas para solucionar la crítica situación de la administración de justicia en todos sus órganos judiciales, situación que requiere -precisamente por estar inmersos en una crisis económica- de un mayor esfuerzo inversor y gasto público por parte de la Administración justamente para garantizar la convivencia de todos los ciudadanos en un estado de derecho como el nuestro. La supresión de los refuerzos constituye un peligroso e irresponsable “paso atrás” en la garantía de los derechos y libertades públicas de la ciudadanía.