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Abr 07 2010

PRENSA MALAGA: STAJ denuncia la situación del SCAC

Cada vez se cita a más gente para evitar desplazamientos de los funcionarios

06.04.10 – 01:32
M. M. MÁLAGA

Se les envía una carta por correo para que recojan personalmente la citación judicial
Ante la grave falta de personal del Servicio Común de Actos y Comunicaciones (SCAC) y la drástica reducción de los vehículos de que disponían sus funcionarios para practicar las notificaciones de los juzgados en el partido judicial de Málaga se está optando por que sea el ciudadano el que se desplace a la Ciudad de la Justicia para hacerle entrega personalmente de las citaciones. Así se le comunica por correo la existencia de una notificación judicial que debe pasar a recoger personalmente en horario de oficina en el SCAC.
En opinión de Adriano Moreno, ello «va contra la Carta de Derechos de los Ciudadanos, cuyo espíritu es acercar la administración a los ciudadanos y evitarles con sus trámites las menores molestias posibles».
Por su parte, portavoz del Sindicato de Trabajadores de Justicia (STAJ), Juan Antonio Luque, asegura que el SCAC es el engranaje que hace funcionar a los juzgados, por donde pasan cada una de sus notificaciones y critica tanto la falta de personal como la reducción del transporte que colocan a este servicio, que realiza al año unas 200.000 diligencias, en una situación muy delicada.
Luque recuerda que ya en 2008 el SCAC solicitó a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía 18 funcionarios y cinco vehículos más para el servicio, petición que no sólo no ha sido atendida, sino que se ha visto reducida en los vehículos por mor del recorte presupuestario del año pasado.

El ‘desahucio exprés’ se estrella contra el atasco en los tribunales

Los lanzamientos tienen una lista de espera de cinco meses por falta de funcionarios judiciales y de medios para hacer cumplir las sentencias

06.04.10 – 01:39

MONTSE MARTÍN MONTSE MARTÍN montsemartin@diariosur.es MÁLAGA.
DATOS
Plazo: Los desahucios tardan un mínimo de seis meses, frente a los dos que prevé la nueva ley
Atasco. El cuello de botella se produce en el servicio de notificaciones que es el que ejecuta la sentencia de desalojo. Hay una espera de cinco meses.
Lanzamientos. El año pasado se realizaron 716 lanzamientos. Durante los dos primeros meses del presente ejercicio se han efectuado ya 183.
Demandas desahucio. En 2009 se presentaron 1.248, frente a las 1.019 de 2008
Ejecuciones hipotecarias. En 2009 fueron 1.293, mientras que en 2008 se registraron 850.
El conocido como ‘desahucio exprés’, que tiene como objetivo de dar seguridad jurídica a los propietarios y reactivar, de paso, el mercado de alquiler, se está estrellando con la falta de medios materiales y humanos en los juzgados. Lo que se vislumbraba como un futurible es hoy por hoy una tozuda realidad. Los desalojos siguen tardando entre seis y ocho meses de media en hacerse efectivos en la capital, muy lejos de los dos meses que se preveían con la reforma de las leyes de Enjuiciamiento, Arrendamientos y Propiedad Horizontal, que entró en vigor el 24 de diciembre del año pasado. Sólo el Servicio de Actos Comunes y Comunicaciones (SCAC), es decir, el que tiene que hacer cumplir las sentencias de desalojo dictadas por los jueces, acumula una lista de espera de cinco meses para hacerlas efectivas.
La falta de personal y la escasez de medios de transporte para que las comisiones judiciales puedan desplazarse a efectuar los desalojos hacen imposible agilizar los desahucios, por mucho que éstos obtengan una rápida sentencia del juzgado. «La intención de la reforma legal era buena, pero a la hora de la verdad, no soluciona nada por el atasco de los juzgados», reconoce abiertamente Cayetano Rengel, presidente del Colegio de Administradores de Fincas.
El trámite que se sigue para efectuar un desahucio pasa por dos niveles en los juzgados. Primero por el registro de demandas del Decanato, donde el propietario presenta su petición. Ésta es repartida por turno a alguno de los juzgados de primera instancia de la capital. Este registro también está escaso de personal, por lo que la demanda de desahucio puede tardar varios días en ser repartida al órgano judicial correspondiente. Una vez en el juzgado, la petición de desalojo espera unos tres o cuatro días mientras se minuta y se fija fecha para el juicio. Actualmente los juzgados de primera instancia están señalando a dos meses vista. En el mismo acto el juez solicita al SCAC que fije el día para el lanzamiento. Y es aquí donde se encuentra el cuello del embudo. «Ahora en marzo estamos fijando los lanzamientos para octubre», aseguran fuentes de este servicio judicial.
Isabel Alvaz, juez de Primera Instancia, explica que las demandas de desahucio «tienen prioridad, por eso siempre reservamos en la agenda de señalamientos huecos para estos asuntos, que normalmente juzgamos dos meses después recibirlos» en la oficina judicial. La sentencia es rápida, según Alvaz, «pues no tiene ninguna complicación y se dicta al día siguiente del juicio». La magistrada añade que con el volumen de asuntos que manejan los juzgados malagueños por mucho que se quiera correr no es posible reducir a menos de dos meses el plazo para la celebración del juicio y además «por mucho que corramos la ejecución del desalojo se atasca luego en el SCAC».
«No damos abasto»
El SCAC cuenta con una plantilla de 33 funcionarios. Es la misma desde el año 2000. Entonces daban servicio a 26 juzgados. Ahora, diez años después, lo hacen para 76. «No damos abasto por mucho que queramos», explica un funcionario. A esta evidente falta de personal, hay que añadir la reducción del servicio de taxis para realizar los desahucios, los embargos y las notificaciones que la Junta de la Andalucía empezó a aplicar en octubre del año pasado. «De contar con catorce coches cada día hemos pasado a ocho», añade.
Los desahucios han aumentado de forma considerable en los dos últimos años como consecuencia de la crisis económica. Y no sólo los de los inquilinos que no pueden pagar el alquiler. Las comisiones judiciales también tienen que ejecutar los desalojos de viviendas que han sido embargadas por los bancos en las ejecuciones hipotecarias, cuyos últimos propietarios se resisten a abandonar.
Actualmente, cuatro o cinco comisiones judiciales, formadas por dos funcionarios cada una, salen a diario a ejecutar un lanzamiento. En 2009 se presentaron 1.248 demandas de desahucio, 1.293 de ejecuciones hipotecarias y se ejecutaron 716 lanzamientos. En los dos primeros meses de este año ya se han efectuado 183 desalojos.

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