Durante todo el proceso de crisis sanitaria, que llevó al Gobierno a dictar el Decreto acordando el Estado de Alarma, prorrogado por sucesivos decretos, y al Consejo General del Poder Judicial a dictar Resolución en la que se establecían los servicios esenciales que no se suspenderían durante dicho Estado de Alarma, y por tanto quedaban fuera de la suspensión de la actividad judicial decretada y de la paralización de los plazos procesales, hemos asistido a continuos insultos y ataques gratuitos de algunos miembros de la Abogacía, tanto por redes sociales como en medios de comunicación, hacia los funcionarios de Justicia, como si éstos fueran los responsables de la paralización de la activad judicial.
Quizá, Abogados como IRENE Y ELISA GONZÁLEZ ANGEL. GRUPO LEGAL ABOGADOS, que han vertido su opinión en el Diario de Sevilla, no sepan que la parálisis de la justicia y el cierre de las sedes judiciales, salvo para los servicios considerados esenciales por el CGPJ, no obedece al capricho de los funcionarios o a una natural inclinación de este colectivo a la holgazanería, como pretenden insinuar. Han sido el Ministerio de Justicia y el CGPJ quienes han decidido, en el marco de sus respectivas responsabilidades, paralizar la actividad judicial. Y ello, porque la Administración de Justicia no está preparada tecnológicamente para poder mantener la actividad en una situación de emergencia sanitaria como la que vivimos, fruto de la desidia o desinterés de los distintos Gobiernos de España, que no han invertido ni dinero ni esfuerzo en modernizar la Justicia. De haberlo hecho, esta Administración no tendría por qué haber detenido su engranaje de forma tanta estricta, porque los funcionarios podrían haber realizado sus funciones en remoto mediante el teletrabajo, como llevan solicitando los representantes de los trabajadores desde el inicio del Estado de Alarma.
Por tanto, la única forma que la Administración de Justicia hubiera tenido para no detener su actividad, hubiera sido manteniendo la presencia de los funcionarios en las sedes judiciales, dado que esta Administración, por mor de sus deficiencias tecnológicas se basa su regular funcionamiento en la voluntad y trabajo de los funcionarios, lo que se ha puesto más de manifiesto durante esta crisis. Pero esta decisión de mantener la presencia de los trabajadores de Justicia en los órganos judiciales era algo que el Ministerio y las Comunidades Autónomas no podían autorizar, por cuanto no disponían de medios ni capacidad para garantizar la salud de sus trabajadores y público asistente, tal como exigían las autoridades sanitarias.
Las injustificadas críticas y expectoración de insultos de algunos Abogados hacia el colectivo de funcionarios de Justicia, puede que tengan su base en el desconocimiento acerca de las circunstancias en las que se han desarrollado los servicios esenciales en Justicia, que no han dejado de prestarse en ningún momento por los funcionarios, pese a que su empleador no les facilitó mascarillas, ni guantes, ni mamparas, ni geles hidroalcoholicos, ni medidas de seguridad de ningún tipo para su salud y la de quienes acudían a las sedes judiciales, a diferencia de las entidades privadas que debían continuar su actividad, las cuales se apresuraron para abastecerse de material de protección para sus trabajadores y el público que acudía a sus locales, y a tomar las medidas de seguridad de acuerdo con las exigencias de la situación sanitaria.
Por tanto, estos miembros de la Abogacía, que seguro salían a aplaudir vehementemente a las 20:00 horas, desconocían que había un colectivo cumpliendo, sin aspavientos, con rigor, responsabilidad y entrega, unos servicios esenciales sin medidas de protección, arriesgando su salud y la de sus familias, atendiendo al público y a los detenidos.
En la exposición de opinión de IRENE Y ELISA GONZÁLEZ ANGEL en el Diario de Sevilla, dicen estulticias tan indocumentadas como que los funcionarios “no hacen turnos de mañana y tarde (a pesar de la propuesta), no acuden sus horas laborales, y solo celebran actuaciones que estiman esenciales”, como si determinar cuál debe ser el horario en la situación actual, la ratio de personal que debe trabajar en modo presencial, cuándo hay que asistir o no por las tardes (aún sin determinar) y qué actuaciones son esenciales fueran cuestiones que dependiesen de la voluntad de los funcionarios. La ignorancia es muy atrevida.
Se atreven también, estas dos letradas, a revelar al mundo que los juicios en los que los asistentes no tendrían que ser más de 9 podrían celebrarse. Parece que estas letradas no asistieran mucho a juicios, de ser así, sabrían de las aglomeraciones que se congregan en los pasillos, entradas y salidas de los accesos, salas de espera, etc., sin que hasta la fecha se hayan articulado, por la Administración competente, herramientas y mecanismos que eviten estas situaciones de congregación masiva de personas. Igualmente, reclaman con vehemencia y firmeza para las declaraciones en las Secretarías de los Juzgados con dos o tres intervinientes de las partes, sin reparar en el detalle que esas declaraciones se desarrollan en estancias muy reducidas, sin distancia de seguridad y varías a la vez que celebran distintos funcionarios de una misma Secretaria.
Es más que evidente, que las Señoras letradas IRENE Y ELISA GONZALEZ ANGEL tampoco se han parado en el dato de que el Decreto, en el que se acuerda la desescalada de las actividades, señala expresamente que aquellas que conlleven mayor aglomeración de personas serán las últimas en reactivarse y volver a su desarrollo habitual. Como quiera que la de Justicia es la Administración que mayor número de ciudadanos recibe a diario, no es difícil de entender que sea una de las que presente una desescalada más gradual, no por iniciativa, precisamente, de los funcionarios, sino de las autoridades sanitarias.
La licencia que se permiten las letradas IRENE Y ELISA GONZALEZ ANGEL en relación a la vida personal de los funcionarios de Justicia, si acuden o no a peluquerías y bares, etc. pero no lo hacen a su puesto de trabajo, es de una bajeza e intromisión vergonzosa, y hasta infantil. Asistir o no a bares y peluquerías es una decisión de la esfera personal de cada cual, a la que se recurre ocasionalmente si se quiere y bajo las medidas de protección que los establecimientos cumplen. Acudir diariamente al trabajo, sin medidas de protección para trabajadores y usuarios, no es decisión del trabajador, sino del empleador. No obtante, y bajo su responsabilidad, no son pocos los funcionarios de Justicia que están acudiendo a su puesto de trabajo, superando con ello el porcentaje autorizado por la Administración, pero este sería un detalle sin valor para algunos Abogados como las señaladas IRENE Y ELISA GONZALEZ ANGEL, para las que los grandes males de la Justicia se los atribuyen, justamente, a los que la sostienen en pie.
