Abr 15 2015

STAJ vuelve a exigir al Ministro de Justicia la paralización de la privatización del Registro Civil.

Reunión de STAJ con el Ministro de Justicia.

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Nota informativa del Ministerio

Este martes día 14 de abril STAJ ha mantenido una nueva reunión con el Ministro de Justicia Rafael Catalá, en la ronda de reuniones que viene manteniendo el ministro con los diferentes colectivos relacionados con la Administración de Justicia.

La reunión, que tenía por objeto el intercambio de impresiones en torno a las reformas legislativas que está impulsando el Ministerio y que afectan a la Administración de Justicia, se centró fundamentalmente en el proyecto de traspaso del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y en algunos aspectos del proyecto de LOPJ que está ya en trámite parlamentario.

REGISTRO CIVIL.-

STAJ ha reiterado su firme oposición a la privatización del Registro Civil, y hemos vuelto a abogar por su mantenimiento como un servicio público, gratuito y dentro de la Administración de Justicia, como mejor garantía para los ciudadanos, y ha puesto de manifiesto que en cualquier caso el proyecto de traspaso a los Registros de la Propiedad y Mercantiles difícilmente podrá llevarse a efecto en la fecha del 15 de julio.

En este sentido, el Ministro nos informa que la implantación del nuevo sistema a partir de esa fecha “no es un dogma” y que en cualquier caso es muy probable que no será uniforme, pues dependerá del diferente estado del desarrollo de las plataformas informáticas y demás infraestructuras necesarias según los ámbitos. Se establecerá un régimen transitorio que aclarará todas estas cuestiones. De momento los Registros, dice, deben seguir trabajando con total normalidad.

El Ministro insiste en que no se trata de una privatización porque seguirá siendo un Registro Civil de titularidad pública y por ser los Registradores funcionarios públicos, y que cumple lo previsto en la Ley de 2011, aprobada por unanimidad de todos los Grupos parlamentarios en su momento, pues el hecho de que sean los Registradores de la Propiedad los Encargados del Registro era una de las posibilidades que se abrían con esa ley. STAJ le recordó que ya mostramos nuestra disconformidad con esa Ley.

El Ministro insiste también en que los trámites propios del Registro Civil seguirán siendo gratuitos, si bien reconoce que existen otros trámites “nuevos” por los que los Registradores cobrarán arancel, por ser necesario para financiar sus oficinas, como es el caso del nuevo procedimiento para la nacionalización de los sefardíes, que tendrá coste para los interesados. Ello confirma lo que STAJ viene denunciando, pues los Registradores tienen que financiar el coste de sus oficinas, de personal e infraestructuras, y si no lo hacen mediante el cobro de aranceles directos por los actos del Registro Civil, tendrán que hacerlo por otros que hasta ahora no tenían coste o elevando el de los actuales, o inventando trámites nuevos que habrán de tener reflejo en el Registro de la Propiedad o Mercantil.

Se retoma nuevamente la decisión de que sean los Registros de la Propiedad y no sólo los mercantiles los que asuman el Registro Civil, para así no estar las oficinas únicamente en las capitales de provincia que es donde habitualmente tienen su sede los Registros mercantiles. Los Juzgados de Paz mantendrán competencias en materia fundamentalmente de recepción de solicitudes y entrega de documentación.

Situación del personal tras la desjudicialización.- Por lo que respecta a la situación en que quedará el personal destinado o adscrito a los Registros Civiles, el Ministro insiste en su compromiso de que no se perderán plazas. STAJ no va a abandonar la lucha contra la privatización del Registro Civil, pero en cualquier caso hemos exigido que cualquiera que sea el modelo de desjudicialización, el número de plazas actuales de plantilla orgánica debe permanecer inalterado, de modo que deben crearse tantas plazas en otros órganos judiciales como las que desaparezcan de los Registros Civiles como consecuencia de la desjudicialización. En la reunión de la mesa sectorial que tendrá lugar este jueves día 16 de abril se nos informará de los detalles del régimen transitorio y de los diferentes procesos de reordenación de efectivos que serán necesarios en la mayoría de los casos. STAJ exige una urgente respuesta a todas las dudas que se están suscitando en torno a esta cuestión, máxime teniendo en cuenta la proximidad de un concurso de traslado que condicionará la participación de muchos funcionarios afectados.

REFORMA LOPJ.-

STAJ ha advertido al Ministro que no va a tolerar ningún incumplimiento del preacuerdo suscrito en el mes de julio, por el que se mejoraban sustancialmente muchos aspectos del nefasto Anteproyecto de LOPJ aprobado durante la etapa de Gallardón.

Por tanto, hemos exigido que en el nuevo texto se introduzcan las modificaciones que sean precisas en orden a mantener un auténtico derecho a la promoción profesional, de forma que sea posible la existencia de procesos de promoción interna independientes de las ofertas públicas de empleo o cuando estas sean reducidas. Y esto debe aplicarse a todos los Cuerpos, incluido el de Letrados de la Administración de Justicia (actuales secretarios judiciales). En este sentido STAJ ha reprochado al Ministro que su departamento ha actuado con absoluta mala fe, pues con la redacción que se ha dado al nuevo proyecto en esta concreta materia se incumple flagrantemente la letra y el espíritu del preacuerdo, haciendo la promoción al cuerpo de Letrados (secretarios judiciales) muchísimo más gravosa que la que se establece para el resto de Cuerpos. El Ministerio, en lugar de aprovechar el capital humano y la experiencia de quienes ya trabajamos en la Administración de Justicia, se dedica a poner zancadillas a las aspiraciones de promoción profesional de los funcionarios. Esto es algo que STAJ no va a tolerar de ningún modo.

En relación con el resto de puntos del preacuerdo que tienen cabida en la nueva LOPJ (centros de destino referidos al municipio y no a la provincia, mantenimiento de los partidos judiciales y los juzgados de paz, prohibición de movilidad ordinaria forzosa, etc.), STAJ ha advertido que no tolerará que se altere lo pactado en el mes de julio, recordando al Ministro el compromiso que adquirió de respeto absoluto al preacuerdo e incluso abriendo la posibilidad de negociar otras mejoras en nuestro estatuto jurídico.

Otras cuestiones.-

Postulación funcionarios.- STAJ ha vuelto a recordar el compromiso del Ministerio en el sentido de modificar la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa para volver a permitir que los funcionarios públicos comparezca en juicio por sí mismos sin necesidad de abogado y procurador para la defensa de sus derechos estatutarios.

Devolución paga extra.- Hemos vuelto a exigir la devolución completa de la paga extra. Los tribunales nos están dando la razón, y el Ministerio debe evitar el colapso que está generando como consecuencia de las extensiones de sentencia.

Cotizaciones Seguridad Social antiguas de personal interino.- Hemos recordado directamente al Ministro los casos de ausencia de cotizaciones e determinados periodos, en lo que están trabajando conjuntamente con la Seguridad Social para solucionar los problemas. En este sentido hemos pedido un documento escrito por parte del Ministerio en el que quede constancia de los errores existentes y el compromiso de solucionarlo.

Juzgados de Paz.- El Ministerio confirma que con el nuevo Código Penal los Juzgados de Paz prácticamente no tendrá competencias en materia de juicios penales, al desaparecer las faltas. El Ministro se muestra abierto a recibir ideas para dar competencias a estos Juzgados, dado que tras la desjudicialización del Registro Civil y la despenalización de las faltas, pierden muchas funciones que deberían ser sustituidas por otras.

Modernización tecnológica.- STAJ ha dejado clara su apuesta por la modernización en cuanto pueda suponer mejora en la calidad del servicio público y agilización de trámites, pero lo que no podemos aceptar es que se haga con constantes fallos que lo único que provocan es más trabajo para el funcionario y, precisamente el efecto contrario al deseado, ralentizando aún más los expedientes. Es preciso tener en cuenta las peculiaridades de cada jurisdicción, pues evidentemente no es lo mismo la digitalización de un sumario que la de un procedimiento abreviado contencioso-administrativo..

Por lo demás volvimos a recordar de forma genérica otras reclamaciones y peticiones que venimos realizando desde STAJ, sobre ofertas de empleo público, procedimientos de concurso-oposición de forma equilibrada con el derecho al acceso libre en igualdad de condiciones, etc.

También hemos recordado al Ministro la iniciativa impulsada por compañeros de Granada en el que instaban a la instauración de un protocolo que permita la colaboración entre Administraciones para evitar que se produzcan situaciones de exclusión social como consecuencia de procedimientos que terminen en desahucio.

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