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Mar 20 2014

STAJ pide al Ministerio que los funcionarios de Justicia gestionen el Registro Civil

STAJ ha reiterado nuevamente ante el Ministerio de Justicia que el Registro Civil se mantenga como un servicio de la Administración de Justicia, servido exclusivamente por funcionarios de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial

En escrito presentado esta semana, STAJ ha reiterado la propuesta que ya realizó el año pasado, en el sentido de que el Registro Civil continúe siendo un servicio de la Administración de Justicia, aunque no esté a cargo de jueces y magistrados, como hasta ahora. Del mismo modo en que las delegaciones provinciales de la MUGEJU o el Instituto Nacional de Toxicología son servicios que sin ser estrictamente judiciales están servidos por funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, el Registro Civil también puede acogerse a este sistema, por lo que continuaría siendo un centro de destino para dichos funcionarios, tal como es ahora.

Con ello se garantizaría su carácter de servicio público y gratuito, y supondría la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos al estar servido exclusivamente por funcionarios muy profesionales y altamente cualificados, como únicos garantes de la legalidad, confidencialidad de los datos, y de la especialidad del trato que requiere el público en esta concreta materia. Al mismo tiempo, se garantizaría el mantenimiento de los puestos de trabajo que actualmente se dedican a funciones de Registro Civil e incluso el mantenimiento de la Justicia de Paz.

Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tenemos conocimientos y experiencia sobrada en esta materia, muy necesaria para un servicio público que lo que verdaderamente requiere para ser plenamente eficaz es una inversión suficiente en medios materiales y humanos y una completa modernización, que facilite su acceso por la ciudadanía.

En este sentido, STAJ ha solicitado la modificación de la Ley 20/2011, del Registro Civil, que en teoría entraría en vigor el próximo mes de julio pero que, tal como el propio partido en el gobierno ha manifestado, no existe disponibilidad presupuestaria para ponerla en marcha en los términos en que está redactada en cuanto a su estructura y organización -lo cual es uno de los motivos que han llevado al Gobierno a su proyecto de encomendar el Registro Civil a los Registradores de la Propiedad-. Por ello, nuestra propuesta es plenamente viable y no tendría ningún coste económico, y así se lo hemos manifestado al Ministerio.

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