STAJ ha exigido además la devolucion del cien por cien de la extra de diciembre de 2012, la recuperacion de derechos y el cumplimiento estricto del preacuerdo de julio de 2014 en relación con la promoción interna independiente de las ofertas de empleo público.
En un encuentro mantenido hoy 9 de marzo con el Ministro de Justicia en Ciudad Real, la representante de STAJ y presidenta de la Junta de Personal de Justicia en la capital manchega, Carmen Romero, ha exigido la paralización de la privatización del Registro Civil. El Ministro ha afirmado que no se trata de una privatización, porque los Registradores son funcionarios públicos, y ha insistido en que el Registro Civil seguirá siendo gratuito. Nuestra representante le ha replicado que aunque los Registradores sean funcionarios públicos, el personal que trabaja en las oficinas registrales no lo es, por lo que las garantías legales que rodean la actuación de los funcionarios públicos desaparecerán; del mismo modo, recalcó que la aparente gratuidad del Registro Civil va a ser suplida mediante la creación de nuevos trámites superfluos e innecesarios en otras materias, que los ciudadanos tendrán que realizar ineludiblemente ante los Registradores Mercantiles previo pago del correspondiente arancel. El Ministro a pesar de todo ha dicho que la desjudicialización y entrega del Registro Civil a los Registradores mercantiles no tiene marcha atrás, y que esa desjudicialización no es una decisión del Partido Popular, sino un mandato parlamentario que se adoptó en 2011, añadiendo que en cualquier caso están garantizados todos los puestos de trabajo de los funcionarios afectados.
Por otra parte, STAJ ha exigido al Ministro que cumpla en sus estrictos términos lo pactado en relación con la promoción interna independiente de los procesos de Ofertas de Empleo Público, pues lo reflejado en el proyecto de LOPJ aprobado por el Consejo de Ministros el día 27 de febrero no se parece en nada a lo acordado en el mes de julio con las organizaciones sindicales.
Igualmente, STAJ ha exigido la devolución íntegra de la paga extra de diciembre de 2012, así como la recuperación de los derechos hurtados a los funcionarios de justicia desde que se inició la crisis económica.
