Tras las declaraciones efectuadas por el Lorenzo del Río, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, STAJ le ha dirigido esta misma mañana escrito manifestándole nuestro absoluto por sus afirmaciones. El Presidente del TSJA deja entrever que los únicos que luchan por el cumplimiento de los servicios esenciales son los jueces, ignorando, una vez más, la imprescindible labor y el trabajo que desempeñamos los funcionarios y funcionarias de Justicia, como si en los juzgados solo existiesen jueces y los funcionarios estuviéramos sólo de adorno.
Hemos vuelto a dejarle claro que la dotación de personal presencial para esos servicios es suficiente y que no puede ser más atendiendo a la grave crisis sanitaria, pues reducir al mínimo imprescindible la presencia física de los funcionarios es clave para preservar su salud y la del resto de la ciudadanía, evitándose con ello la movilidad de personas y contribuyendo así a detener la propagación del virus, según indican las autoridades sanitarias. Sin olvidar que todo el personal está en situación de disponibilidad y en condiciones de localización inmediata durante la jornada laboral.
Igualmente, le hemos manifestado que los funcionarios y funcionarias de los cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia, así como los médicos forenses, de todo el Estado y, por supuesto, de Andalucía, estamos absolutamente comprometidos con la prestación del servicio y que nuestro interés, como servidores públicos, no es otro que intentar que esos servicios se presten puntualmente, de modo que los perjuicios que la situación de pandemia y estado de alarma están provocando afecten lo menos posible a los derechos de los ciudadanos.
Y le recordamos al Presidente del TSJA que en lugar de criticar la dotación de personal que ha sido decretada por la Consejería, lo que debe hacer es algo que le llevamos pidiendo sin éxito desde el inicio de la crisis a los órganos de gobierno del Poder Judicial, es decir: que se den las instrucciones oportunas y establecer los mecanismos adecuados en coordinación con jueces decanos y secretarios coordinadores, así como con colegios de abogados, procuradores, graduados sociales, y Cuerpos de policía y Guardia civil, con mecanismos de comunicación rápidos y coordinados, para que, con esa dotación presencial mínima y la disponibilidad del resto de personal, sea posible la prestación de los servicios, sin merma alguna para los derechos de los justiciables.
Es posible, si hay voluntad, establecer mecanismos de comunicación rápidos entre órganos judiciales en los que deban tramitarse las diferentes fases procesales, para que se tome debido conocimiento por el órgano correspondiente. Y también es posible canalizar la entrada de escritos, atestados, solicitudes, documentos, etc., relativos a los servicios esenciales, mediante los servicios de guardia y decanatos, para que todo aquello que no pueda ser realizado por estos, sea comunicado de manera inmediata a los responsables de los órganos judiciales y fiscalía, para que se disponga lo preciso para que el personal necesario en situación de disponibilidad acuda a su puesto de trabajo puntualmente para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias.
Eso, y no la dotación presencial de funcionarios, es lo que falta, porque desde el inicio de la crisis sanitaria no se ha adoptado ni una sola medida en este aspecto.
