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Abr 24 2020

STAJ informa. Reunión con Ministro de Justicia. Valoración de STAJ

Como ya os hemos informado, en la reunión mantenida ayer por videoconferencia con STAJ, CSIF, CCOO, UGT y los autonómicos CIG y ELA, el Ministro de Justicia informó de la intención de publicar, la semana próxima, un Real Decreto-ley en el que se prevén las siguientes medidas:

  • Habilitación de varias semanas del mes de agosto, para sacar adelante el previsible incremento de asuntos que se producirá tras el levantamiento del estado de alarma.
  • Establecimiento de turnos de mañana y tarde, reduciendo la jornada, para evitar la presencia simultánea de toda la plantilla en el centro de trabajo. La adscripción a los distintos turnos se hará de modo voluntario y negociado. El Ministerio nos dice que admitirá todas las opciones para hacer posible la prestación del servicio en turnos. Todo lo cual será objeto de negociación en los próximos días.
  • Movilidad de funcionarios entre órganos judiciales de misma localidad y jurisdicción.

Estas medidas tendrán aplicación exclusivamente desde la publicación del Real Decreto-Ley -la semana próxima (posiblemente el martes)- y durante los tres meses posteriores al estado de alarma.

El Ministro ha anunciado también a los sindicatos su compromiso de aprobar planes de choque en las jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativa, así como en los juzgados de lo Mercantil.

STAJ ha manifestado su rechazo a estas medidas, por los siguientes motivos.

1. Es absolutamente inadmisible el método de trabajo del Ministerio, que llega a la reunión con una propuesta que no detalla y de la que no nos presenta soporte escrito alguno al que poder formular alegaciones y aportaciones, presionando a los sindicatos para que demos un sí sobre la marcha, sin conocer siquiera los más mínimos detalles del proyecto. Se ha limitado a dar su compromiso a negociar la forma de distribuir los turnos y la manera de establecer la movilidad dentro de la jurisdicción y localidad, y ofreciéndonos el “regalito” de reducir hora y media la jornada diaria, y habilitar sólo una parte de agosto, en lugar de todo el mes.

2. Aún estamos en situación de estado de alarma y de confinamiento, y el Ministerio sigue sin ser capaz de garantizar las medidas de protección adecuadas (mascarillas, guantes, geles, mamparas, test de diagnóstico…) No dudamos de su voluntad en hacerlo, estamos convencidos de que la tiene, pero las dificultades de suministro son enormes, y el incremento en la presencia de funcionarios en los órganos judiciales supondrá multiplicar diariamente por diez las necesidades de material actuales.

3.- Desdoblar la prestación del servicio en dos turnos consecutivos no garantiza en absoluto la contención en la transmisión del virus, por cuanto éste permanece horas suspendido en el aire en lugares cerrados. Si no se acomete una limpieza y desinfección diaria entre turnos, el riesgo de contagio permanece. Además, la coincidencia de personas en la entrada y salida de los edificios será muy elevada ya que la idea del Ministerio, que esperamos abandone, es que la hora de fin e inicio de turno coincidan. Por otra parte, las reducidísimas dimensiones de muchas oficinas impedirán incluso en varios turnos guardar la distancia social adecuada entre los puestos de trabajo

4.- El Ministerio, al tiempo que dice arbitrar medidas para descongestionar los Juzgados, adopta decisiones que inciden de manera muy negativa en la acumulación de trabajo, por haber dado carta blanca e indiscriminada a la presentación de todo tipo de escritos y demandas, sin priorizar jurisdicciones o asuntos cuya tramitación pueda suponer una ayuda en la difícil situación por la que están pasando ya miles de ciudadanos, trabajadores despedidos o sometidos a ERTEs, autónomos sin negocio, o pequeñas y medianas empresas que han tenido que reducir su producción cuando no directamente echar el cierre. En cambio, se permite que los bancos, las entidades financieras, los fondos buitre y las agencias de recobro, acribillen a sus deudores presentando escritos instando la subasta de pisos, el embargo de pensiones o la retención de la devolución de Hacienda.

5.- No se ha previsto ninguna especialidad según los servicios. Por ejemplo, no se sabe si los servicios de actos de comunicación también trabajarán en horario de tarde. Se acercan los meses de verano y en buena parte de nuestro país las temperaturas hacen inviable estar en la calle a ciertas horas. Sin olvidar los muchos centros que carecen de aire acondicionado o directamente se avería cuando llegan los meses de calor.

6.- En cuanto a la movilidad dentro de la jurisdicción y localidad, no encontramos ninguna justificación, por más que la pedimos, como no sea para utilizarla como excusa para dejar de nombrar funcionarios interinos cuando se produzcan bajas o ausencias prolongadas.

7.- La declaración de habilidad de parte del mes de agosto puede producir el efecto contrario al deseado. Con el mes declarado inhábil, se “produce” mucho más en los juzgados. Por otra parte, aunque se diga que no afecta a las vacaciones, está claro que su disfrute se supedita a las necesidades del servicio. Esperemos que las necesidades no las determinen los jueces o LAJs, que ajustarán sus agendas de señalamiento a sus conveniencias personales y no a las del conjunto de funcionarios del juzgado o la oficina

8.- Aunque el Ministerio insinúa que se trabajará a puerta cerrada, no lo garantiza plenamente. Ni siquiera prevé que los juicios y vistas se pospongan unos meses, por lo que la afluencia de personas en los edificios judiciales puede ser enorme en las próximas semanas.

En definitiva, el Ministerio va a aprobar unas medidas más basadas en la propaganda, chantajeando a los sindicatos y a los funcionarios, pero que no van a contribuir a solucionar los problemas por su improvisación y por servir, casi exclusivamente, a los intereses de las cúpulas colegiales de abogados y procuradores, y del propio Poder judicial.

STAJ ha reiterado nuestra propuesto de vuelta a la normalidad por fases, y la aprobación de planes de choque que contribuyan a sacar adelante el trabajo acumulado y el que pueda acumularse como consecuencia del incremento de la litigiosidad en los próximos meses.

 

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