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CALENDARIO LABORAL 2022.- STAJ ha vuelto a reiterar el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso ganado por este sindicato cuando los calendarios laborales restaban del cómputo de horas efectivas las correspondientes a vacaciones y días de asuntos particulares, algo a lo que durante años nos habíamos opuesto y que tras varios recursos conseguimos. El Tribunal Supremo dio la razón a STAJ y esto ha permitido que de facto en la administración de justicia andaluza tengamos una jornada ordinaria efectiva de 35 horas semanales ya que para el cómputo de horas efectivas anuales y tras aplicar lo establecido en la sentencia, ha supuesto la consolidación de la media de hora diaria de descuento (“Cortesía”) en todas las jornadas. Desde STAJ hemos vuelto a insistir en que el cumplimiento de la sentencia permitiría también establecer que las jornadas reducidas de Semana Santa, Navidad y fiestas locales, sea idéntica a la de Verano: 6 horas y media diaria que suponen 6 horas efectivas diarias (descontando la “cortesía”) con una franja rígida de 5 horas de 9 a 14 horas. Para ello hemos vuelto a pedir la modificación de la actual Orden de Horario para que de una vez por todas figuren este tipo de jornadas con idéntico horario a la de verano ya que por la vía del calendario laboral la Consejería sigue negándose a hacerlo.
AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL RELATIVAS A LAS ANUALIDADES 2020 Y 2021.- Hemos reivindicado una vez más la recuperación del resto de modalidades de acción social que perdimos hace ya una década tras los recortes de 2012 así como que se aumente la partida presupuestaria al 1% de la masa salarial. Con ello se podrían recuperar esas modalidades de ayuda perdidas e incluso añadirse otras. Respecto a las que se sometían a esta mesa (por discapacidad exclusivamente), hemos interesado que se amplíe su presupuesto para permitir que no se agote el crédito, de forma que todos los solicitantes con derecho a percepción de la ayuda por discapacidad la reciban, así como que se extienda la ayuda –aunque pudiera ser de menor cuantía- para los casos de discapacidad menor del 33%.
MODIFICACIÓN DE LA RPT DE LA OFICINA FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE SEVILLA. – Se trataba de aprobar una modificación que corresponde a la conversión de un puesto de refuerzo de carácter estructural y con más de 3 años. STAJ ha interesado a la Consejería que también se traiga a mesa y se negocie la conversión en plantilla de todos los refuerzos que hayan cumplido ya esos tres años que establece el art. 489.4 de la LOPJ.
En relación con la modificación de la estructura y de las RPTs de El Ejido y Vélez-Málaga, cuya negociación tuvo lugar durante el pasado año, a consultas de STAJ la Consejería aclara que están pendientes de la recepción de escrito del Ministerio que les permita continuar con las modificaciones negociadas en las mesas de 12 de mayo y 2 de julio de 2021, así como con la fase normativa de las Oficinas Judiciales de nivel 3.
En cuanto al despliegue de las Oficinas Fiscales cuya negociación también tuvo lugar el pasado año, si bien la intención de la Consejería es que el despliegue se lleve a cabo durante el 2022, los plazos ya no dependen de ellos, ya que las diferentes órdenes se encuentran en fase de informe. En cualquier caso, las que se encuentran más adelantadas son las de Granada y Málaga, que previsiblemente la semana que viene pasarán para informe del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial.
Otros temas tratados fuera del orden del día
* Carrera Profesional. – Se ha acordado convocar la Comisión de seguimiento del Acuerdo de noviembre de 2018 (firmado por STAJ, Csif, Ugt y Ccoo) a fin de constituir el grupo de trabajo que iniciaría los primeros pasos para conseguir este futuro complemento. A este respecto, debemos desmentir las afirmaciones que está vertiendo el sindicato no firmante del referido Acuerdo, SPJ-ASIJ-USO. Como habréis visto, ese sindicato ha iniciado una campaña cuyo único objeto es desprestigiar al resto de organizaciones sindicales -especialmente a STAJ-, acusándonos de no hacer nada o incluso de impedir la negociación del futuro complemento de carrera profesional. Mienten. STAJ lleva años luchando por la implantación de este concepto retributivo. Antes de 2018, ni siquiera teníamos esa posibilidad. Gracias a nuestra acción sindical, conseguimos que se introdujera en la LOPJ. También se incluyó en el Acuerdo de noviembre de 2018, en Andalucía, a cuya firma se opuso SPJ-ASIJ-USO, por lo que, en realidad, es dicho sindicato quien se opuso a la negociación del complemento de carrera profesional para los funcionarios de justicia andaluces.
Recientemente, por escrito y más tarde en mesa sectorial celebrada el 9 de diciembre, STAJ ha solicitado que en la futura Ley de la Función Pública andaluza se incluya el derecho de los funcionarios de Justicia andaluces al complemento de carrera profesional, que dicha ley sólo reconoce al personal de Administración General. A esto SPJ-ASIJ-USO ha contestado negándose a pedir su inclusión en dicha ley. Habría sido una buena oportunidad para lograr el reconocimiento de este complemento también en la ley andaluza y con ello forzar aún más a la Consejería a su negociación.
La última de sus mentiras la hemos leído en el panfleto que están difundiendo sobre la última mesa celebrada este 10 febrero, en la que nos acusan de efectuar maniobras dilatorias por aceptar la constitución de la Comisión de seguimiento del Acuerdo de noviembre de 2018, que preveía la negociación de este complemento. Pues bien, es falso, nuevamente. STAJ no pretende dilación alguna, ni la comisión de seguimiento tiene tal objeto. Lo que ocurre es que la Administración discrepa sobre la posibilidad de iniciar ya esa negociación, mientras que STAJ y otros sindicatos firmantes (no SPJASIJUSO), entendemos que sí es posible. Por ello, se va a convocar la comisión de seguimiento del Acuerdo, que para eso está, precisamente.
En definitiva, sabemos que no van a cesar de difundir panfletos criticando y poniendo palos en las ruedas a la negociación que intentamos los demás -no saben hacer otra cosa, sólo hay que ver su página web-
Desde STAJ continuaremos luchando por la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios de Justicia andaluces, pese a quien pese, y reivindicando el cumplimiento definitivo de todos los puntos del Acuerdo que SPJ-ASIJ-USO no firmó.
Así, STAJ ha vuelto a reclamar nuevamente la negociación del resto de puntos pendientes en el citado acuerdo: recuperación de recortes 2013-14, finalización de la negociación de la provisión temporal de puestos (especialmente en lo referente a la problemática de sustituciones de Auxilio), Plan de igualdad…
* Plan de Guardias Costa. – STAJ ha vuelto a solicitar la reactivación del plan y que su duración se extienda a todo el año. La Consejería nos traslada que para este año están limitados al mismo gasto de 2021 al haberse prorrogado los presupuestos de dicho ejercicio y que, cuando menos, se comprometen a realizarlo para los mismos meses y juzgados del pasado año.
* Plan autorefuerzo 2022 (jornadas de tarde). – La Consejería nos informa que para este año 2022 sólo podrán disponer de 2,5 millones de € por las mismas razones antes citadas de la prórroga de presupuestos de 2021 para este año. Están estudiando y analizando su aplicación para 2022.
* Guardias IML. – El Director General manifestó al respecto que están en tramitación, y que se llevarán a Mesa, en función del presupuesto que se tenga.
* Por último, a instancias de STAJ. – Solicitud de refuerzos por la especial situación de colapso y macrocausas de los mixtos 1 y 3 de Coria del Río. También hemos recordado la necesidad de crear ya la oficina judicial delegada en el centro penitenciario de Archidona.
*Bolsa de interinos de 2019. – Se ha consultado a la Administración sobre una problemática existente en la bolsa de 2019, muchos opositores aportaron declaración jurada de haber aprobado un examen para su inclusión en la misma, cosa que muchos otros no hicieron por desconocer su validez, actualmente existen recursos planteados en diversas Delegaciones Provinciales sobre esta cuestión, lo que ha llevado a la Administración a plantearse la concesión o no de un plazo extraordinario para aquellas personas que si bien contaban con un examen aprobado, desconocían este mecanismo de acceso por declaración jurada, habiéndose solicitado por la Consejería un informe jurídico y estando a la espera de su respuesta.
