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STAJ ADVIERTE QUE LAS MEDIDAS DEL MINISTERIO PARA LA REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL BENEFICIARÁN A LOS BANCOS Y FINANCIERAS Y ASFIXIARÁN AÚN MÁS A LAS FAMILIAS ENDEUDADAS
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STAJ SOLICITÓ AL MINISTERIO QUE SE EMPEZASE LA ACTIVIDAD GRADUAL POR LOS PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA Y AQUELLOS QUE PUDIERAN FAVORECER A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, en sus alegaciones a la Resolución del Ministerio de Justicia, por la que se daba carta blanca a la normalización de la actividad judicial, pese al mantenimiento del Estado de Alarma y orden de confinamiento, si bien de forma gradual, instaba al Ministerio para que no se dejase a la “ponderación de abogados y procuradores la presentación de escritos”, debiendo establecer el Gobierno los criterios para la paulatina vuelta a la normalidad, de modo que la tramitación, entrada y registro de asuntos quedara bajo el control del Gobierno, empezando por mantener en suspenso aquellos procedimientos que pudieran ahondar en el agravamiento de situaciones económicas precarias, y priorizar los procedimientos relativos a Familia o aquellos que pudieran derivar beneficios a los sectores de la población más vulnerables en la presente crisis.
Una vez abierta la posibilidad de la tramitación y registro de la presentación de escritos ante la Administración de Justicia, la falta de adopción de estos criterios, ha puesto de manifiesto lo advertido por STAJ, pudiéndose constatar que más del 80 % de los escritos que se han presentado lo han sido en ejecuciones hipotecarias (un 45%) o ejecuciones dinerarias (un 35%), procedimientos en los que la parte ejecutante son bancos o entidades financieras, es decir, procedimientos en los que se persiguen bienes de personas que, por regla general, están pasando por momentos difíciles económicamente y que, a buen seguro, tras la declaración de estado de alarma y paralización de muchos sectores de la producción, su situación se habrá agravado. De hecho, el escrito estrella está siendo la solicitud de embargo de la devolución de Hacienda, esa devolución que las familias esperan en estas fechas, y maxime este año, como agua de mayo.
Con ello, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha tomado en consideración las reivindicaciones de las cúpulas colegiales de la Abogacía y la Procuraduría para acelerar la reanudación de la actividad de esta Administración, pero en materias que, en plena crisis sanitaria, en poco o en nada ayudan a la ciudadanía y que de ningún modo son esenciales para la vida de la mayoría de los ciudadanos en estos momentos.
Quede claro que estos profesionales no hacen sino su trabajo, pues se deben a los intereses de sus clientes, a quienes deben defender, pero a los que no puede exigírseles la protección de interés público alguno.
La reactivación de la actividad judicial sin establecer límites a la presentación de escritos y demandas supondrá, además, el agravamiento de la situación de atasco en la tramitación procesal e impedirá que, a medio plazo, puedan destinarse los recursos humanos a la atención de otros procedimientos judiciales que sí podrían contribuir a la protección de colectivos que hayan sido especialmente castigados por la crisis, como son los trabajadores asalariados, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, todo ello por la falta de previsión y criterios sociales para el restablecimiento gradual de la actividad de la Administración de Justicia.
Por todo ello, STAJ critica que la incorporación paulatina de los funcionarios y consiguiente exposición al contagio del coronavirus a la que se enfrentan, ya que las medidas de protección llegan tarde y escasamente a las sedes judiciales, se realiza sin atender a criterios de necesidad sino de satisfacción a determinados sectores y colectivos, para los que estos trabajadores están exponiendo su salud y la de sus familiares.
