Reportaje publicado en el periódico Ideal de Granada
Sentencias sin ejecutar, el otro atasco de la justicia
Cerca de seis mil sentencias penales aguardan su ejecución en la provincia de Granada. Son procedimientos que se han instruido, que han llegado a juicio y que han terminado con una sentencia, resolución que permanece sin ejecutar. El dato puede preocupar si se infiere que de cada una de esas 5.806 sentencias -dato del tercer trimestre de 2014, el último disponible en la página web Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- se deriva un condenado a prisión que está en la calle.
En el caso de los procedimientos civiles, los trámites de la ejecución son lentos pues el juzgado tiene que librar oficios, hacer averiguaciones patrimoniales, investigar e iniciar un procedimiento de embargo de los bienes encontrados. En los penales, además de lo anterior -las condenas incluyen siempre el abono de multas o indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil- las medidas que deciden los jueces y aplican los funcionarios resultan especialmente delicadas porque afectan a derechos fundamentales.
Esfuerzo de los trabajadores
«Una cosa debe quedar clara, si los juicios se están celebrando en un tiempo razonable, y si las ejecutorias se van tramitando de forma correcta, es por el gran esfuerzo que están realizando tanto los jueces como los funcionarios, mayor del que les sería exigible».
La reflexión es de Jesús Rodríguez Alcázar, juez decano de Granada, que es consciente de que los juzgados penales padecen un atasco dentro de otro atasco. Con todo, el decano opina que el tiempo de respuesta «es bastante bueno», y los juicios «se están señalando a pocos meses vista». El magistrado opina que en el Juzgado nº 6 hay un poco más de atasco «pero es algo que se deberá solucionar con el tiempo».
También los sindicatos se muestran especialmente críticos con la situación de estos juzgados. Denuncian la desproporción existente entre los juzgados que instruyen las causas y los que las resuelven y ejecutan.
En la provincia de Granada existen un total de 9 juzgados de instrucción en la capital, más 10 juzgados de primera instancia e instrucción en los partidos judiciales de pueblos, a lo que hay que sumar 2 juzgados de violencia sobre la mujer: un total de 21 juzgados que instruyen las causas penales, frente a 8 juzgados de lo penal que tienen que fallarlas. «Es decir, cada juzgado de lo Penal de Granada tiene que fallar las causas de 2,62 Juzgados de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer», resalta Miguel Esteban, representante del Sindicatos de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).
«Año tras año, los juzgados de lo penal de Granada vienen soportando cargas de trabajo superiores a las máximas establecidas por el CGPJ y que es especialmente alarmante en el caso de las ejecutorias penales», indica el portavoz del STAJ.
En 2014 se registraron un total de 4.800 ejecutorias, que supone una media de 600 por juzgado. El módulo fijado por el CGPJ es de un tope máximo de 441 asuntos de ejecución por juzgado. «Esto supone -remarca Esteban- una carga de trabajo de cerca del 140% respecto al citado módulo máximo de ejecutorias».
El expediente digital
Los sindicatos aportan sus reivindicaciones para darle un aclarado a la situación. «Hay que aumentar al menos en dos más el número de juzgados de lo penal en nuestra provincia al mismo tiempo que se amplía la plantilla en dos funcionarios por órgano. Y en cuanto a las ejecutorias, se deberá acometer un plan de choque para reducir la carga a números razonables con prolongaciones de jornada voluntarias e incentivadas», proponen desde STAJ.
Para este sindicato, resulta imprescindible acometer «de una vez por todas» la modernización de esta administración mediante la definitiva implantación del denominado expediente digital «que, desde hace más de 10 años, prometido decenas de veces por ministros y consejeros de Justicia.». Con este expediente se acabará, a su juicio, con la «obsoleta y arcaica» tramitación de los procedimientos judiciales en papel para gestionarlos mediante nuevas aplicaciones informática integradas entre sí.
Actualmente, y a pesar de contarse con ordenadores y programas, aún no están integrados en un único programa de gestión. Esta «falta de voluntad» en inversión tecnológica supone tener que acceder a múltiples aplicaciones independientes y repetir la introducción una y otra vez de los mismos datos del procedimiento «precisamente por esa falta de integración total».
«Esto supone un inútil sobreesfuerzo que se traduce en la pérdida de eficacia y rapidez en una jurisdicción tan sensible como la penal», añade el portavoz del STAJ.
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