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Mar 02 2016

STAJ informa. Prensa Granada: Los jueces podrán suspender los desahucios en caso de exclusión social

El modelo se implantó en Granada y ahora se ofrece al resto de los ayuntamientos

A estas alturas, había una ruta inexplorada para prevenir los desahucios de vivienda. Ésta consiste en la coordinación entre los jueces y los ayuntamientos para asesorar a las posibles víctimas de los recursos legales a su disposición con el objetivo de intentar frenar el alzamiento. No tiene coste económico alguno. Esta coordinación será posible tras la firma ayer de un convenio entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos.

Desde hoy se activa un protocolo que permitirá a los jueces y a los servicios sociales de los ayuntamientos comunicarse y advertirse que entre los posibles desahuciados hay familias de especial vulnerabilidad. La comunicación tiene una doble dirección: los servicios sociales autonómicos y municipales tendrán acceso rápido a la información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y pueden buscar una solución; al mismo tiempo, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.

Se trata por tanto de agotar todas las vías administrativas posibles para evitar la ejecución del desahucio.

El convenio mejora el firmado por el CGPJ con Galicia hace dos años, el único hasta ahora a nivel autonómico, y recoge la experiencia piloto implantada en la ciudad de Granada desde diciembre de 2013.
En esta ciudad, los jueces y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo para prevenir los desahucios por el que se mejora y agiliza esa conexión entre los funcionarios de Justicia y los trabajadores municipales. Madrid y Cádiz hicieron algo parecido posteriormente.

Lo curioso es que la idea original partió de tres funcionarios de los juzgados de Granada con experiencia a la hora de practicar lanzamientos y embargos. Sensibilizados con esta causa, Miguel Ángel Herrera, Miguel Esteban y Joaquín Ángel Martínez diseñaron la creación de un servicio de información al ciudadano y coordinación administrativa en materia de desahucios que implantó el Ayuntamiento de Granada capital y que lo hacen funcionarios de manera voluntaria.

Ninguno de estos antecedentes se relataron ayer en los comunicados oficiales de la Junta de Andalucía o del CGPJ, ni tampoco los mencionó el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, al informar de la firma del convenio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Estos tres funcionarios, padres de la iniciativa, se mostraron ayer muy sorprendidos por el contenido del convenio una vez que acusaron a los dirigentes de la Junta de "boicotear" este proyecto los tres últimos años. Estos funcionarios se han quejado reiteradamente de que esta iniciativa lleva años parada en la Consejería de Justicia a pesar de que cuenta con el apoyo del presidente del TSJA o el juez decano de Granada y que la han rechazado tanto la presidenta, Susana Díaz, como el consejero de Justicia, Emilio de Llera.

De hecho, la iniciativa de estos tres funcionarios la llevó Izquierda Unida al Parlamento en junio de 2014 y el PSOE votó en contra. No obstante, la proposición no de ley relativa a la creación del servicio de información al ciudadano salió adelante con los votos de IU y PP.

Fuentes de Justicia señalaron ayer que el consejero siempre ha valorado la iniciativa de los funcionarios, que se "recoge, trabaja y mejora" cuando se le presenta al CGPJ para que se extienda al resto de comunidades y que se estaba a la espera de la firma del convenio para que los ayuntamientos se adhieran, caso de Sevilla, que anunció ayer su apoyo, o de Córdoba.

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