Noticia publicada en El Ideal de Granada
Algo tan sencillo como echar un garabato en un papel puede ayudar a que una familia que se encuentra al borde del desahucio vea la luz al final del túnel. Ese garabato conduce a que se activen los servicios sociales y todos los recursos previstos para situaciones de este tipo que, aunque parezca insólito, no se ponen en marcha de manera automática cada vez que un juzgado ordena un desalojo.
Un grupo de funcionarios de justicia de Granada se ha puesto manos a la obra para corregir esa carencia y ha elaborado un protocolo para que cada ciudadano que va a ser lanzado de su vivienda reciba una atención rápida y eficaz por parte de los servicios sociales de su municipio o de la Junta.
En un año de funcionamiento han logrado que casi 40 familias salgan airosas de la peor amenaza posible: quedarse en la calle. Sin embargo, sostienen que la Junta de Andalucía no está por la labor de extender este sistema al resto de la comunidad autónoma. La Consejería de Justicia acogió con buenos ojos una iniciativa que ya ha obtenido el respaldo explícito del juez decano de Granada o el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero no termina de dar luz verde a su aplicación generalizada a cada caso de desahucio.
«Este sistema, lejos de incrementar los gastos, supone un ahorro para la administración»
«Cuando un procedimiento de desahucio o de ejecución hipotecaria concluye en desalojo, ¿no se puede hacer algo más? A lo mejor existen otras alternativas para que las familias no se queden en la calle. ¿No es posible hablar antes con los servicios sociales?». Preguntas y reflexiones de este tipo se formula Miguel Ángel Herrera, uno de los funcionarios que decidió dar un paso más y desmentir la tópica imagen de apatía y desinterés que adorna a los de su gremio.
«Desde que el juzgado ordena el lanzamiento hay un mes de margen. Lo habitual es que la persona que se ve afectada por algo así comience un peregrinaje por distintos sitios, como Ayuntamiento o Colegio de Abogados, en el que se siente perdida y amenazada por los plazos. Nuestra intención es que los recursos se movilicen y vayan en su busca, en lugar de al contrario», expone Miguel Esteban, otro de los inquietos funcionarios que están detrás del protocolo de información y coordinación en materia de desahucios.
¿Cómo se materializa la idea? Muy sencillo. Se trata de que cuando el funcionario notifique a una familia que se va a producir el lanzamiento, acompañe un anexo para que el afectado autorice al juzgado a trasladar su caso a los Servicios Sociales, que después se pondrán en contacto con él para ver qué necesidades tiene y cómo se le puede ayudar.
«No queremos colgarnos ninguna medalla. El ‘copyright’ es suyo, si lo quieren»
«Consiste en poner en marcha el mecanismo. Si existen recursos, no se puede esperar a que el ciudadano los pida porque en algunos casos están desesperados», añade Herrera. El protocolo ha dado ya sus frutos en Granada capital después de que en diciembre de 2013 se firmase un acuerdo entre el Ayuntamiento y el juez decano.
El mecanismo que se moviliza con el plan de estos funcionarios no interfiere en el proceso abierto con los tribunales pero abre la puerta a una posible solución, desde información sobre posibles bonificaciones económicas a una oferta para ingresar en el registro de demandantes de vivienda o una ayuda de 900 euros repartidos en tres meses, por ejemplo. «El catálogo de servicios es amplio y con frecuencia se quedan sin utilizar por desconocimiento. El juzgado puede servir de intermediario con otras instituciones que se enteran del desahucio demasiado tarde. No podemos permanecer impasibles», remarca.
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