El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este martes la aprobación, antes del final de este año, de las principales reformas de la legislatura que modificarán la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En cuanto a la reforma de la primera, el ministro ha señalado que los cambios introducidos permitirán agilizar los procedimientos judiciales, especialmente, los macroprocesos y regulará los medios de investigación en el proceso penal, como la intervención judicial de las comunicaciones, que el texto actual limita a las postales.
En su intervención en los Desayunos Informativos organizados por Europa Press, Catalá ha puesto de manifiesto que es necesario abordar la reforma de la ley que regula el proceso penal porque, sin ella, no tendrán sentido otras en las que también trabaja el Ministerio.
Entre ellas ha destacado la modernización tecnológica de la Justicia, la implantación de la nueva oficina judicial por toda España y permitir las comunicaciones entre los operadores jurídicos a través del teléfono móvil y la Sede Judicial Electrónica. El Ministerio tiene también intención de suprimir el catálogo de faltas y establecerá nuevos criterios de gestión de los atestados policiales sin autor conocido.
DIÁLOGO JURÍDICO
Catalá ha apostado por el diálogo con todos los operadores jurídicos y por la gestión para acabar con los problemas de la Justicia, cuya reforma contribuirá a la mejora de nuestra economía. “Una justicia dinámica y que inspire una certidumbre razonable en cuanto a sus sentencias y criterios es un elemento de competitividad estructural tan determinante a medio y largo plazo como el capital humano o financiero”, ha afirmado.
En cuanto al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene que volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros, Catalá ha señalado que mantendrá los partidos judiciales, pero racionalizará el sistema de reparto de cargas de trabajo entre juzgados.
Desde que tomó posesión, el ministro de Justicia ha celebrado más de una veintena de reuniones con jueces, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos, funcionarios, grupos parlamentarios y asociaciones para lograr el cauce de entendimiento que hará posible acabar con los problemas de la Justicia, ha puesto de manifiesto.
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