Tras la última modificación de la LOPJ, junto con la despenalización de determinadas lesiones consecuencia de accidentes de circulación (que en Andalucía ha reducido en un 35% la emisión de informes médico-forenses por lesiones), y la aprobación del RD 1148/2015 -en virtud del cual los IML podrán emitir informes periciales de valoración de daño corporal por accidentes de tráfico a instancias de las Compañías aseguradoras-, la Consejería va a establecer los correspondientes precios públicos por la prestación de dichos servicios.
STAJ, con independencia de la opinión que le merezca la nueva normativa estatal, sobre lo que ya informamos en su momento con ocasión de la negociación que tuvo lugar en ámbito Ministerio, ha exigido que se aproveche para que lo que pueda recaudarse por esa vía revierta en la mejora del servicio público; aunque legalmente no se pueda hacer de forma directa, sí que es argumento para que en los presupuestos se destine una partida mayor destinada precisamente a mejorar los IML andaluces, entre otras cosas.
También hemos exigido desde STAJ que las posibles incidencias que pueda suponer la tramitación de las solicitudes y las emisiones de los correspondientes informes periciales, sean oportunamente negociadas en cuanto pudieran afectar a las condiciones de trabajo tanto del personal de la secretaría de los IML como, por supuesto, los médicos forenses.
