Interesante y ameno artículo que pone de manifiesto dos versiones diferentes sobre la implantación de Lexnet, la oficial (Ministerio de Justicia), que hace un balance triunfalista, que se precipita en implantar este sistema imponiéndolo “a machamartillo y con urgencia”, y la real (abogados, funcionarios de justicia, sindicatos, y otros operadores jurídicos), que piden una suspensión o moratoria en su implantación dado que está demostrado que “no funciona con la plenitud de garantías de seguridad, exactitud, celeridad que impone la justicia”, en definitiva, que “no hay que llegar primero sino que hay que saber llegar”.
“Desde la implantación del uso de LEXNET a partir del 1 de Enero de 2016 cada vez que cambio impresiones con abogados, secretarios o jueces en cualquier foro, charla, debate o encuentro informa, recibo una mezcla de escepticismo y lamentación (propio de un escenario kafkiano), rayano en la desesperación (propio de escenario dantesco).
No importa que el sistema funcione bien en pruebas, o que buena parte de los operadores está familiarizado, ni que las distorsiones se puedan ir salvando con el tiempo. La Justicia y su brazo técnico, el proceso, no está para improvisar. Pasen, por favor, y vean el despropósito en sus justos términos.
1. Desde fuentes ministeriales se ofrece a la prensa un balance triunfalista, aunque sin evitar la críptica letanía (funciona “razonablemente bien”), y para ello se manejan las estadísticas de los grandes números, se minimizan los errores disfrazándolas del eufemismo de “tasa de incidencias” y se esgrime que “por cada escrito que se presenta a través de Lexnet, el ahorro es de 75 euros” (reduccionismo economicista atroz, cuya fuente de cálculo es cuestionable y que no nos aclara en cambio el “precio” de cada escrito que se malogra por esta vía).
2. Por mucho que se barajen estadísticas y aunque se agite a bombo y platillo las excelencias de la supresión del papel, creo que alguien está haciendo “el papelón”. Y es que Lexnet es el futuro, posiblemente inmediato, pero no debería ser el presente impuesto a machamartillo y con urgencia.
Es innegable que la brecha digital profesional entre abogados clásicos y abogados modernos debe cerrarse, de igual modo que la senda tecnológica debe llegar inexcusablemente a las relaciones con la Administración de justicia. Ahí está el precedente exitoso de la canalización de relaciones electrónicas con la administración tributaria. En el ámbito judicial, el resultado en términos de ahorro de tiempo y costes solo puede arrojar balance positivo.
Otra cosa, que es lo que preocupa, es la precipitación en su implantación, bajo el castizo estilo de “vísteme despacio, que tengo prisa”.
