Tal como anunciábamos ayer, STAJ ha presentado escrito dirigido al CGPJ, denunciando su absoluta incapacidad para gestionar esta crisis sanitaria, cargando sobre los funcionarios un peso y una responsabilidad innecesarias, y poniendo en riesgo, no solo su salud, sino la del conjunto de la ciudadanía.
STAJ pide una rectificación pública de las afirmaciones contenidas en el comunicado de fecha 19 de marzo, así como el establecimiento de mecanismos permitan reducir al máximo la dotación de personal para los servicios esenciales sin menoscabo de su atención inmediata y plena para salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.
De no hacerlo, desde STAJ pedimos su dimisión, y la de todos los integrantes de la comisión permanente autora del comunicado.
Contenido íntegro del escrito:
EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
EXCMO. SR.-
El comunicado emitido este jueves 19 de marzo por la Comisión Permanente del Consejo del poder Judicial supone un insulto a la dignidad de los más de 50.000 funcionarios y funcionarias que integramos los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en España.
Se nos tacha de forma velada de insolidarios e incluso se afirma que la dotación de personal para la atención de los servicios esenciales decretados por ese Consejo supone un abandono del servicio público.
Al mismo tiempo, el comunicado pone en valor el trabajo de personal sanitario, fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y diverso personal del sector privado dedicado a tareas de abastecimiento de alimentos y similares, valoración que se hace no a modo de elogio a esos colectivos, sino para criticar la supuesta falta de compromiso que, según ese Consejo, palpa en los funcionarios de Justicia y en algunos jueces y magistrados.
Desde STAJ le trasladamos nuestra absoluta indignación por las afirmaciones contenidas en ese comunicado, y lamentamos profundamente que se insulte a los hombres y mujeres que integran los diferentes cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
Olvida que todo el personal está cumpliendo estricta y puntualmente y con absoluta profesionalidad todos los servicios esenciales fijados por ese Consejo, completando cada vez que ha sido preciso, no ya sin oposición alguna sino, muy al contrario, con la máxima entrega, la dotación decretada para cada servicio por las Administraciones competentes. El premio, en lugar de elogiar este trabajo, es atacar nuestra dignidad tachándonos de insolidarios. Olvida, además, ese Consejo, que el servicio se está prestando, en la mayoría de los casos, sin medio alguno de protección personal, ni mascarillas, ni guantes, y ya casi sin geles para un simple lavado de manos, además de una ausencia casi total de limpieza en muchísimas sedes judiciales y ausencia prácticamente total de desinfección de las mismas, todo ello provocado por la requisa de los materiales por parte de las autoridades sanitarias, así como por haberse priorizado la limpieza y desinfección en otros servicios. El de Justicia y con ello la protección de sus servidores públicos, siempre el último, incluso para ese Consejo.
Una cosa sí es cierta, por una vez ese Consejo se acuerda de que existimos y de que nuestra labor es imprescindible y que sin los funcionarios de los Cuerpos generales y médicos forenses, la Administración de Justicia simplemente no funciona. Lo demuestra con su temor, infundado, a que por la falta de “medios personales” no pueda atenderse el servicio público de Justicia para la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.
Los funcionarios no estamos pidiendo quedarnos en casa -cosa que ese Consejo, por el contrario, sí está pidiendo para jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia-. Lo que estamos haciendo es, en coherencia con lo que el estado de alarma supone y las necesarias restricciones de movimiento de personas que conlleva, pedir que la dotación para la atención de los servicios esenciales sea la mínima imprescindible, que garantice esa eficaz prestación de los servicios pero que al propio tiempo contribuya a la restricción de los movimientos de personas. Preservar y proteger a los funcionarios no se hace desde el egoísmo o el miedo a caer en la enfermedad, sino para contribuir a minimizar los movimientos de manera que el virus no se propague.
Ese y no otro es el sentido de intentar reducir en el máximo posible la dotación de personal para los servicios esenciales. No estamos en huelga, no estamos de vacaciones, no somos insolidarios. Estamos confinados para preservar la salud pública, no la individual.
Algunas Comunidades Autónomas así lo han entendido y por ello han intentado en la medida de lo posible reducir al máximo la dotación presencial para la atención de los servicios, concentrándolos principalmente en los servicios de guardia, decanatos y servicios de medicina forense, y en los órganos judiciales con competencias penales. Pero ello no supone una desatención de aquellos servicios, pues todo el personal está en situación de continua disponibilidad y permanente localización.
Ese Consejo, en los días que llevamos de crisis sanitaria y más concretamente de estado de alarma, se ha limitado a dar órdenes sobre cuáles son los servicios esenciales, pero no ha sido capaz de arbitrar ni un solo mecanismo que permita la llevanza de esos servicios con el menor riesgo posible, y ello implica la reducción al máximo de la dotación de personas.
Las nuevas tecnologías permiten la atención de muchas actuaciones sin necesidad de estar presentes en el órgano judicial. Incluso en las causas penales con preso, una de las mayores preocupaciones, sin duda, en esta situación, aunque no la única. Esas nuevas tecnologías permiten tomar conocimiento de cualquier actuación que sea preciso realizar, sin necesidad de acudir al órgano judicial, de modo que cuando sea preciso, puedan darse las órdenes oportunas para acudir al juzgado y tramitar la actuación que proceda.
No se han dictado instrucciones ni protocolos ni reglamento alguno que permita concentrar en lo posible en los servicios de guardia las actuaciones que ese Consejo ha catalogado como servicios esenciales, sin perjuicio de su remisión inmediata al órgano que haya de ser competente e incluso la realización de otras actuaciones urgentes por parte del mismo, para lo cual, precisamente debe estar su personal en condiciones de continua localización y disponibilidad.
Ese Consejo, por tanto, está demostrando su absoluta incapacidad para gestionar esta crisis, cargando sobre los funcionarios un peso y una responsabilidad innecesarias, y poniendo en riesgo, no solo su salud, sino la del conjunto de la ciudadanía.
Por todo lo anterior, pedimos una rectificación pública de las afirmaciones contenidas en el comunicado de fecha 19 de marzo, así como el establecimiento de mecanismos que, como se ha expuesto, permitan reducir al máximo la dotación de personal para los servicios esenciales sin menoscabo de la atención de los mismos para salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.
De no hacerlo, desde STAJ pedimos su dimisión, y la de todos los integrantes de la comisión permanente autora del comunicado.
En Madrid, a 20 de marzo de 2020
Vicente Navarro Pérez
Secretario General STAJ
