La jurisdicción social corre el riesgo de verse aún más colapsada como consecuencia de la decisión del TSJA de asignar durante un año uno de los jueces de refuerzo de social a la Audiencia Provincial, para reforzarla para el Juicio de los ERE.
La decisión ha provocado ya la suspensión de algunos juicios que estaban ya señalados en la sección de refuerzo de social que estaba a cargo de la juez que ha sido asignada ahora, junto con ocho funcionarios, a la Audiencia.
Ver noticia en El Confidencial:
