En la comparecencia del 5 de diciembre de 2016 en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acabó con los temores de la privatización de los Registros Civiles al destaparse con una propuesta que apuesta, sin ambages, porque sigan siendo públicos.
“Propongo que la llevanza del Registro Civil sea cien por cien pública. Confiando que su atribución, a un determinado cuerpo de empleados públicos, pueda surgir de las negociaciones con las organizaciones sindicales. Pueden ser los Letrados de la Administración de Justicia o los que acordemos con los representantes de los trabajadores en esta Comisión”.
“Además, también con la idea de crear oficinas generales del Registro Civil que tengan plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia singularizadas dentro de los juzgados que atienden esta función junto con otras de ámbito civil o penal”, añadió.
Según el ministro su compromiso es impulsar un Registro Civil público, gratuito, electrónico, más seguro y operativo. La propuesta del ministro tiene lugar en el principio de la cuenta atrás, pues en Junio de 2017 tendría que entrar en vigor la implementación del nuevo Registro Civil contemplado en la Ley 20/2011, aprobada con el consenso de todos los grupos políticos.
De esta forma, Catalá despeja definitivamente la amenaza de la privatización que había sido contestada de un modo muy combativo por los trabajadores de los Registros Civiles y por las organizaciones sindicales.
“Los funcionarios tienen que estar absolutamente tranquilos de que no va a haber ninguna amenaza al empleo, más bien todo lo contrario, continuidad, de un proyecto desde lo público, de un Registro Civil único, actual, telemático y cercano al ciudadano”, concluyó en este punto.
Desde STAJ recordamos que las organizaciones sindicales que negociarán con el ministro son las más representativas a nivel nacional, esto es, STAJ, CSIF, CCOO y UGT. Quede claro, entonces, que éstos son los sindicatos que negociarán el futuro del Registro Civil.
Por otra parte, desde STAJ nuestra reivindicación con respecto al Registro Civil siempre ha sido la misma, un Registro Civil público y gratuito, dentro del ámbito de la Administración de Justicia, servido y gestionado por funcionarios de Justicia.
Nuestras exigencias para que este servicio “permanezca dentro del ámbito de la Administración de Justicia, servido y gestionado por funcionarios de Justicia” han permanecido inalterables ante un gobierno de izquierdas como uno de derechas. Uno de los sindicatos representativos callaba esta petición ante uno y se lo exigía al otro. STAJ tampoco se ha mostrado de acuerdo con “ocurrencias” de índole transaccional que, según soplaba el viento, otro de los sindicatos representativos propuso, la de un registro civil gestionado por Registradores mercantiles con la colaboración de los funcionarios de Justicia.
