STAJ ha presentado escrito dirigido al Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón mostrando el malestar existente entre los funcionarios por la falta de negociación con las organizaciones sindicales de todos los proyectos que el Ministerio tiene en marcha y que afectan de manera muy directa a todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de todo el territorio nacional. Reformas que ya han supuesto en unos casos una limitación del acceso a la Justicia por parte de los más débiles económicamente, y que en otros casos supondrán, en buena medida, una privatización de servicios para dejarlos en manos privadas con el consiguiente riesgo para la concepción de la Justicia como servicio público y para la propia subsistencia de muchos puestos de trabajo. Prueba de ello son la ya aprobada Ley de Tasas, Ley del Registro Civil, atribución de funciones procesales públicas a Procuradores, reforma del Proceso penal, reforma de la LOPJ y de la demarcación judicial.
Proyectos todos que son lo suficientemente amplios como para afectar de manera directa e incluso negativa a las condiciones de trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia: el nuevo modelo organizativo basado en los tribunales de instancia, con la consiguiente desaparición de los Juzgados unipersonales y los partidos judiciales afectará necesariamente a la distribución de los puestos de trabajo de las oficinas judiciales, con lo que el riesgo de reordenación de efectivos con movilidad geográfica es una amenaza real. La entrega del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad también afectará negativamente al servicio público y a los puestos de trabajo. La atribución de funciones procesales públicas a los Procuradores, puede también afectar negativamente a los puestos de trabajo, además de ser, a nuestro juicio, contrario a la imparcialidad que debe presidir todo el proceso judicial no sólo en el enjuiciamiento sino también en la ejecución de las sentencias, y por tanto contrario al principio de tutela judicial efectiva.
Desde STAJ consideramos que es un grave error no contar con los funcionarios de Justicia para el diseño de todas las reformas en marcha o en proyecto. El colectivo de funcionarios de Justicia -por cierto, el más numeroso dentro de la Administración de Justicia-, constituye un capital humano muy profesional que ese Ministerio no debería ignorar constantemente, sino, al contrario, potenciar, para lograr, en definitiva, que la Administración de Justicia sea un servicio público de calidad y que sirva con eficacia los intereses de toda la ciudadanía.
Por ello le instamos a que cese en esa actitud de absoluta falta de transparencia que constantemente demuestra el Ministerio. Le instamos a convocar urgentemente la Mesa sectorial del personal al servicio de la Administración de Justicia, así como a la creación urgente del grupo de trabajo sobre la nueva LOPJ, compromiso que realizó ese Ministerio de Justicia a través de los responsables directos en la Mesa de retribuciones y empleo, para tratar de lograr acuerdos, no sólo en lo relativo al libro VI de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, sino también lo relativo a al libro V de los Secretarios judiciales, el libro I y en general todo aquello afecta a los funcionarios de justicia directa o indirectamente a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, por cuanto se afecta a la organización judicial y por ende a la configuración de los centros de destino, así como a la atribución y distribución de funciones procesales públicas.
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