REUNIÓN MESA DE TRABAJO 9-02-09

En el día de hoy se ha celebrado reunión de mesa de trabajo entre responsables de la Consejería y los sindicatos representativos del sector de la Administración de Justicia. Los dos puntos del orden del día han sido “Juzgados de lo Penal” y “Oficina Judicial”

Juzgados de lo Penal.- El STAJ lleva pidiendo una reunión específica desde que se incorporó a la Mesa sectorial de negociación de Andalucía, hace año y medio. La situación por la que atraviesan estos juzgados es alarmante, y se ha agravado enormemente desde que el pasado año se modificara el Código Penal para criminalizar conductas que antes eran simples infracciones administrativas. Hemos dejado claro, y la Administración lo ha reconocido, que el problema en esta jurisdicción no es coyuntural, -como sí podría serlo en otros órganos como consecuencia de la crisis económica-, sino estructural, pues viene motivada fundamentalmente por las reformas legales que han tenido lugar en la materia en los últimos años, que no han ido acompañadas de la dotación de medios suficientes.

Ya en el mes de abril del pasado año presentamos ante la Administración un escrito en el que solicitábamos la adopción de una serie de medidas tendentes no sólo a mejorar la situación de los Juzgados de lo Penal, sino también, en general, la de otras jurisdicciones, algunas de las cuales se han comenzado ya a poner en marcha.

En el día de hoy hemos reiterado nuestras peticiones, y hemos demostrado con datos estadísticos oficiales a los responsables de la Consejería no sólo que en los Juzgados de lo Penal se superan con creces los módulos de ingreso de asuntos aprobados en su día por el CGPJ, sino que el incremento en el número de ejecutorias, que no se tiene en cuenta en dichos módulos, ha llevado a los Juzgados de lo Penal a soportar una sobrecarga de trabajo que es inasumible con las plantillas actuales y con el número de órganos existentes y proyectados.

Por ello, y sin perjuicio de que pensemos que la solución definitiva tanto en los Juzgados de lo Penal como, en general, en toda la Administración de Justicia, pasaría por la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial, lo primero que consideramos necesario es el incremento de las plantillas, claramente obsoletas; hemos pedido que los Juzgados de lo Penal cuenten con un gestor y un tramitador más.

En segundo lugar, y de acuerdo con los datos estadísticos, con el objeto de adecuar el número de asuntos ingresados a los módulos, y para asumir el incremento producido en las ejecutorias, hemos pedido que la Consejería solicite ante el Ministerio la creación de los siguientes Juzgados de lo Penal: 2 en Almería; 2 en Cádiz, 1 en Jerez de la Fra. y otro en Algeciras; 2 en Córdoba, 2 en Granada y otro en Motril; 2 en Huelva; 1 en Jaén, además del nº 4, que está proyectado para este año 2009; 6 en Málaga, además de los 2 que entrarán en funcionamiento este año 2009 (en Málaga se superan los módulos en más de 300 asuntos por Juzgado, y las ejecutorias han experimentado un incremento del 51% respecto a 2006); y otros 2 en Sevilla, además del nº 14 que entrará en funcionamiento en 2009. Además, en las ciudades de Sevilla y Málaga, hemos pedido que se creen servicios comunes de ejecutorias penales, con una dotación suficiente de personal para atender las ejecutorias, sin reducción de personal en los Juzgados. O, en su caso, la creación de varios Juzgados de ejecutorias, también con personal suficiente. También debería estudiarse la idoneidad de instaurar estos servicios comunes en el resto de capitales de provincia o en aquellas ciudades que cuenten, ahora o en el futuro, con más de cinco juzgados de lo Penal.

Por otra parte, como medidas a corto plazo hemos solicitado la adopción de las siguientes medidas:

· Refuerzos: Teniendo en cuenta que los refuerzos actuales no son suficientes éstos no sólo deben mantenerse sino además, ampliarse.
· Plan de Recuperación de atrasos mediante prolongaciones de jornada (voluntarias e incentivadas).
· Potenciar la formación del personal (como ya hemos propuesto ante el IAAP).
· Cumplimiento del compromiso que la Administración adquirió cuando se negoció el complemento específico en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, de manera que el mismo habría de extenderse, en la medida en que fuese oportuno, a los demás órganos que de alguna u otra manera conocen también de esta materia, como es el caso de los Juzgados de lo Penal.

La Administración sólo ha respondido con buenas intenciones, diciendo que estudiarán las propuestas, y que en su momento nos trasladarán su posición al respecto. Eso sí, ha reconocido, por fin, la situación de sobrecarga de trabajo que soportan los Juzgados de lo Penal, que tiene su origen en los cambios legislativos que han tenido lugar en los últimos años, sin que se hayan adoptado todas las medidas que habrían sido necesarias para absorber plenamente los efectos de sobrecarga que dichos cambios han provocado.

Oficina Judicial.- Sobre este punto del orden del día la Administración se ha limitado a informarnos de que por fin las reformas legales necesarias para poner en marcha la nueva oficina judicial estarán aprobadas en este periodo de sesiones, es decir, antes del verano. Considera la Consejería que las reticencias actuales que han puesto sobre la mesa Jueces y, en menor medida, Secretarios judiciales, serán solventadas sin mayor problema. La idea es el establecimiento de servicios comunes, además de las Unidades Procesales de Apoyo directo. Los responsables de la Consejería también han puesto de manifiesto que la reforma tendrá una gran incidencia en los recursos humanos al servicio de la Administración de Justicia, que habrá de ser tratada en mesa de negociación específica.

Desde el STAJ, en primer lugar, hemos dejado claro que la situación por la que atraviesa la Administración de Justicia no es nueva, como venimos denunciando desde que existimos como sindicato, y hemos lamentado que los responsables políticos hayan empezado a tomarse en serio la reforma de la oficina judicial sólo después de que haya ocurrido una desgracia, que ha puesto de manifiesto ante la opinión pública las grandes carencias de esta Administración; ello, además de que, por fin, los jueces han elevado su voz y sus quejas, pidiendo la solución definitiva de los problemas que viene padeciendo la Justicia española desde hace décadas.

En general, desde el STAJ hemos puesto de manifiesto una serie de cuestiones básicas que deben presidir todo el proceso de reforma de la Oficina Judicial, que resumimos a continuación:

– Transparencia en los trabajos que se realicen, con intervención directa de los sindicatos representativos del sector.
– Plantillas suficientes, tanto en las Unidades de Apoyo Directo como en los Servicios Comunes Procesales, y formadas exclusivamente por funcionarios de la Administración de Justicia. Plantillas suficientes también en las Unidades Administrativas, que deberán estar integradas preferentemente por funcionarios de la Administración de Justicia.
– Definición clara de las funciones que corresponden a cada puesto de trabajo.
– Potenciación de la figura de los Gestores procesales, en quienes debería recaer la jefatura de las secciones o equipos de trabajo, así como de los Tramitadores y los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Los funcionarios de la Administración de Justicia somos quienes, en la práctica, llevamos el peso de la gestión y tramitación de los procedimientos. Ya es hora de que se reconozca, en todos los niveles.
– Incremento del complemento específico, sobre la base del actual, para todos los funcionarios, pero especialmente para aquellos puestos de trabajo cuyas características supongan una mayor dedicación, responsabilidad, disponibilidad, etc.
– Creación de servicios específicos para determinadas funciones, como por ejemplo, asistencia a vistas (Cuerpo de Auxilio Judicial), grabación de vistas y videoconferencias, acceso a bases de datos, archivos judiciales, fiscalías, funciones de decanato…
– Organización adecuada de todos los servicios comunes, con medios suficientes, tanto humanos como materiales.
– Creación de verdaderas unidades de atención al ciudadano, que sean útiles, y que estén suficientemente dotadas, con personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
– Potenciación de los Servicios de Apoyo Provinciales.
– Especial consideración de los órganos judiciales de los pueblos, que son siempre los grandes olvidados, incluidos los Juzgados de Paz.
– Escrupuloso respecto a los derechos de los funcionarios, de todo tipo, incluidos los económicos, no solo los complementos de carácter fijo, sino también los que se perciben actualmente por el servicio de guardias.

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