Jul 16 2009

REUNION MESA DE TRABAJO 17-07-09

En la mañana de hoy se ha celebrado una nueva reunión de mesa de trabajo entre los sindicatos representativos del sector de la Administración de Justicia en Andalucía y la Dirección General de Oficina Judicial (que es la que ha sustituido a la desaparecida Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal)

El primer punto del orden del día era sobre “Servicio Común de Ejecución Penal de Sevilla: Análisis de las propuestas”. La Administración comenzó diciendo que la intención del Gobierno central es poner en marcha la Nueva Oficina Judicial a lo largo del próximo año, para lo cual ya se han aprobado por el Congreso las reformas legales necesarias -que analizaremos en próximas hojas informativas-. Andalucía no quiere llegar sin los deberes hechos, y por ello se ha propuesta que el proyecto piloto, como primer paso para la implantación de la Oficina Judicial, se ponga en marcha, si es posible, antes de que finalice el año 2009. Incluso ha hablado de la posibilidad de que el proyecto se extienda a otras provincias.

El STAJ -también otro sindicato- hemos sido los únicos que hemos presentado alegaciones por escrito con antelación suficiente –tal como se acordó en la anterior reunión celebrada en el mes de junio-, mediante un extenso documento en el que analizamos en profundidad el proyecto de la Consejería, y en el que planteamos una serie de cuestiones que os resumimos muy brevemente a continuación:

En primer lugar, hemos exigido que se nos diga cuál es la intención de la Consejería respecto a la asignación del personal al nuevo servicio, es decir, si los funcionarios que lo integrarán lo serán de manera voluntaria, o voluntaria “a la fuerza”, o, sencillamente, de forma obligatoria. Esto es muy importante y debe quedar claro. Como debe quedar claro también cuál será la dependencia orgánica de los funcionarios asignados al servicio, ya que éste, técnicamente, no se crea como un nuevo órgano completamente diferenciado, como nuevo puesto de trabajo, pues se trata de una experiencia piloto que, por definición, es provisional.

En segundo lugar, hemos exigido que si bien todavía no puede hablarse de Relación de Puestos de Trabajo (pues el nuevo centro de trabajo no está creado técnicamente), es necesario que trabajemos como si verdaderamente estuviéramos ya redactándola, por lo que será necesario definir desde ya cuáles serán los puestos de trabajo singularizados y cuáles los genéricos, así como definir en quién recaerán las jefaturas, pues entendemos que no sólo deben corresponder a los secretarios judiciales. La LOPJ permite que también los gestores, los tramitadores y los auxilios puedan ostentar jefaturas.

En tercer lugar, hemos exigido que se clarifiquen y definan cuáles serán las funciones y tareas propias de cada puesto de trabajo; además, y si bien la Oficina debe tener carácter flexible, ello no puede implicar de ninguna manera que las secciones y los equipos en que se organice el servicio puedan ser modificados en su estructura y sus dimensiones al antojo del secretario de turno, sino que todo ello debe pasar por la necesaria negociación con los representantes de los funcionarios.

En cuarto lugar, hemos exigido que se incrementen las plantillas actuales. Si esto no se hace, el proyecto fracasará irremediablemente, pues por mucho que se reorganice el trabajo, es imposible que con las actuales plantillas pueda soportarse el elevadísimo volumen de ejecutorias que ingresan o se reabren todos los días y las que quedan pendientes cada año.

En quinto lugar, es necesario también poner límites temporales a la experiencia piloto, de manera que será necesario hacer un seguimiento exhaustivo del desarrollo de la misma para que a la vista de sus resultados se implante -o no- de forma definitiva, con la oportuna Relación de Puestos de Trabajo, previa negociación con los representantes de los funcionarios.

Por último, hemos exigido que se hable de retribuciones, pues para que el proyecto funcione, es necesario incentivar a los funcionarios, especialmente a aquellos que asuman mayores responsabilidades.

Por lo que respecta a la organización concreta del servicio, hemos insistido en la necesidad de contar con un mayor número de funcionarios, y dividir las secciones y equipos en negociados, que estén dotados de un número suficiente de personal que sea capaz de hacer frente al volumen de trabajo que soportarán. Hemos hecho especial énfasis en que el servicio de información al ciudadano debe evitar en lo máximo posible que el público y los profesionales entorpezcan con continuas interrupciones el trabajo de los funcionarios que se dediquen a la tramitación.

Estos son, muy resumidamente, los principales puntos de nuestro escrito de alegaciones. Si queréis más información, tenemos a vuestra disposición el documento que hemos elaborado.

Dado que únicamente el STAJ ha sido el único sindicato que ha presentado alegaciones por escrito, -al parecer también lo ha hecho ya CCOO- la Administración ha instado al resto de sindicatos para que presenten las suyas, para así poder tratarlas todas conjuntamente en una futura reunión que se celebrará previsiblemente en la primera quincena de septiembre. Eso sí, los responsables de la Dirección General ha dejado claro que no hay presupuesto para aumentar la plantilla, ni para hablar de retribuciones. En consecuencia, vemos muy difícil que el proyecto funcione y dé buenos resultados.

El otro punto del orden del día ha sido “información sobre el proyecto de Unidades de Apoyo a los órganos judiciales”. En este punto la Administración se ha limitado a lanzar una idea, que aún está madurando, que básicamente consistiría en crear un “equipo” de funcionarios especialistas en cada una de las jurisdicciones, que acudirían a prestar apoyo en aquellos Juzgados que tuvieran un mayor retraso en la tramitación de los asuntos, o que tuvieran especiales circunstancias que hicieran aconsejable un apoyo externo. En definitiva, algo parecido a los actuales servicios de apoyo provinciales, pero sin constituir un destino diferenciado, como sí ocurre con dichos servicios de apoyo, sino que los funcionarios que formen parte de dichos equipos continuarían en sus actuales destinos, y serían adscritos provisionalmente, probablemente mediante comisiones de servicio, a los juzgados “conflictivos”, percibiendo las dietas e indemnizaciones a que tuvieran derecho, así como unas primas o productividad especiales. Nada más ha dicho la Dirección General sobre este proyecto, que está todavía apenas sin esbozar, por lo que cuando se nos facilite un documento sobre el que trabajar podremos formular nuestras alegaciones al respecto y hacer una valoración de la propuesta.

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