Interior quiere tener voz en la reformas judiciales de Gallardón
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Fernández Díaz apela a la labor «imprescindible» de las Fuerzas de Seguridad en la investigación de los delitos
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reivindica el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que tengan «voz» en el debate de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el ministro del Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha calificado de «revolucionaria».
En una jornada sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que pasará a llamarse Código Procesal Penal, y en la que han participado ambos ministros, Gallardón ha pedido «que nadie tenga miedo» ante la futura ley ni que «nadie piense» que la propuesta de encargar a los fiscales la instrucción de los delitos significará «intervención política».
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Gallardón garantiza que su reforma no suprimirá ninguna sede judicial
Recalca que habrá una especialización y flexibilización en cada lugar
El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha garantizado esta nañana en la sesión de control del Congreso de los Diputados que su reforma judicial no cerrará ninguna sede judicial en España. Sin embargo, insistió en que los tribunales de instancia conllevarán una «flexibilidad» en cada sede y una especialización, «lo que no significará el cierre de la sede sino una racionalización de los juzgados».
Gallardón respondía así a una pregunta de la diputada del BNG, Olaia Fernández, sobre si el Gobierno iba a crear un único partido judicial por provincia. La política gallega le transmitió al ministro la preocupación en Galicia por esta reforma, incluida la del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
La medida tiene especial incidencia en el caso de la ciudad olívica, por lo que todos los partidos de la corporación localapoyaron esta semana la demanda para que la ciudad mantenga el partido judicial de Vigo. No son los únicos en quejarse, ya que tanto funcionarios como jueces y personal de justicia realizaron una protesta la semana pasada contra la propuesta de Gallardón.
La diputada Davila resaltó este caso en su comparecencia, recordando que es «a única cidade que non é capital de provincia que triplica a poboación da sede gubernamental». La nacionalista acusó a Gallardón de ambigüedad en sus declaraciones ya que pese a que aseguró que no se cerrarán sedes añadió cuestiones como que el modelo actual está agotado.
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La Defensora del Pueblo se niega a recurrir las nuevas tasas judiciales ante el Tribunal Constitucional.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no recurrirá las nuevas tasas judiciales al entender que su reforma cambió en lo "sustancial" estos gravámenes y su modificación a través de un decreto-ley venía justificada ante la "extraordinaria y urgente necesidad" de aliviar las cargas tributarias de los ciudadanos.
Así ha respondido la institución en una resolución que ha sido remitida a Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía y miembro de la Plataforma Justicia para Todos, integrada también por varias organizaciones sindicales y de consumidores.
Los solicitantes consideran que subsisten motivos de inconstitucionalidad en la reforma de la Ley de Tasas judiciales, que fue modificada meses después de su aprobación mediante un decreto-ley sin concurrir "razones de extraordinaria y urgente necesidad" y sin respetar la reserva de ley en materia tributaria ni la prohibición de regular por decreto ley derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.
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Se reducen un 40% los pleitos contra las administraciones por las tasas judiciales.
Los pleitos de los particulares contra las administraciones se han reducido en tono al 40%, aunque en algunas comunidades esta cifra supera el 60%, porque los ciudadanos no pueden hacer frente a las tasas judiciales, según un estudio realizado por el Consejo General de la Abogacía Española.
Su presidente, Carlos Carnicer, ha explicado que los abogados han realizado un informe, con los datos de los 83 colegios de abogados de toda España, en el que detallan un centenar de casos de ciudadanos que no han interpuesto procedimientos porque no disponen del dinero que se les reclama en concepto de tasas.
Carnicer ha alertado de que podrían "criminalizarse" los procedimientos ya que "muchos ciudadanos interpondrán querellas criminales porque en la jurisdicción penal no existan tasas". "El informe incluye cien casos concretos en los que se vulnera el derecho fundamental al acceso de la justicia por la ley de tasas", ha dicho Carnicer, quien ha explicado que un pleito puede costarle a un particular al menos tres mil o cuatro mil euros si tiene que llegar hasta el Alto Tribunal.
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