El sindicato independiente de la Administración de Justicia STAJ ha llevado al Ministerio de Justicia más de 10.000 firmas contra la "privatización" del Registro Civil y ha reclamado que no "haga caso omiso de este clamor" para que siga siendo un servicio público, gratuito y de calidad.
A su juicio, de materializarse la idea de entregar el Registro Civil a los registradores supondrá la "privatización de un servicio público, que pagan todos los ciudadanos con sus impuestos" para favorecer "únicamente" a los Registradores, que "tras la burbuja inmobiliaria han visto mermados sus ingresos".
