Prensa. Más de 2’5 millones de sentencias esperan su cumplimiento.

Los juzgados ingresaron el pasado año casi nueve millones de asuntos y están en trámite casi tres millones

Las cifras no engañan. Los casi nueve millones de asuntos ingresados el pasado año en los juzgados españoles, –aunque supone un descenso del 0,7 por ciento respecto a 2011–, los más de 2,9 millones de procedimientos que esperaban a 31 de diciembre su resolución o que más de dos millones y medios de sentencias estén pendientes de que se ejecuten, son datos que indican por sí mismos que la Justicia en España necesita una reforma que incida directamente en los problemas que le afectan y que logren «desatascar» los órganos judiciales. En este último año, la crisis económica y los procedimientos judiciales directamente relacionados con la misma –despidos, concursos de acreedores– también han tenido una incidencia en el aumento de causas judiciales. En todo caso, no parece muy lógico que un país como Francia, con casi 20 millones de habitantes más que España, sus juzgados estén bastante menos colapsados que los españoles.

Andalucía y Madrid, a la cabeza

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 189,9 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades autónomas que han presentado los niveles más altos de esta tasa han sido Andalucía, Madrid, Canarias y Baleares. Andalucía registró 222 asuntos por cada mil habitantes, seguida de Madrid (212 asuntos por cada mil habitantes). Las cuatro superan a la media nacional. Las de menos litigiosidad fueron La Rioja (119,7), País Vasco (134,1) y Extremadura.

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