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La situación en el seno de la Administración de Justicia ha alcanzado tales cotas de despropósito, que la Junta de Andalucía ha llegado incluso a dar de alta a una funcionaria de Cádiz que está embarazada de 32 semanas y tiene una situación de alto riesgo, a pesar de que su estado avanzado de gestación y del informe médico que se emitió ante su diagnóstico de metrorragia activa (amenaza de aborto) en ocasiones», ha denunciado la delegada en Cádiz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Carmen del Castillo.
STAJ ha denunciado además que la empleada pública compareció el pasado día 7 de enero ante la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI), que resolvió darla de alta mediante un informe que fue emitido «sin explorarla físicamente». Esta decisión ha sido recurrida por la funcionaria, aunque Carmen del Castillo ha espetado que «probablemente cuando se resuelva ya habrá dado a luz».
«El compromiso con la igualdad de derechos y protección de la mujer y del nonato es para la Junta de Andalucía un asunto irrelevante, aún estando en juego la vida humana», ha comentado la responsable sindical, que ha indicado además que el puesto de esta funcionaria no se ha cubierto durante los tres meses que ha estado de baja.
De hecho, en la actualidad la Junta sólo cubre las bajas pasados tres meses desde su inicio y una vez que la embarazada haya dado a luz. Sin embargo, para la responsable de STAJ en Cádiz, este ahorro en ningún caso puede justificar el «poner en grave riesgo tanto a la gestante como al futuro bebé que trae».
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