Prensa. Gallardón quiere cobrar por empadronarse, además de por casarse o cambiar de nombre.

El Ministerio de Justicia quiere que la reforma de la ley del Registro Civil esté ya operativa en julio de 2014. Sindicatos, secretarios judiciales y notarios denuncian que el objetivo de la reforma es “una privatización encubierta”, que supondrá establecer unas tasas por unos servicios que ahora son gratuitos.

Con la reforma, los registradores controlarán la vida civil de los ciudadanos. En el registro se inscriben nacimientos, defunciones, bodas, divorcios, nulidades matrimoniales, cambios de nombre y de sexo, nacionalidades, el régimen económico de los matrimonios… Justicia ha explicado que el Registro Civil cobrará por estos servicios, pero que no lo hará por los básicos, como los nacimientos y defunciones. Para el resto no hay nada aún estipulado. Y es que la reforma solo dice que se cobrará por arancel.

Una vez aprobada, un real decreto regulará después qué servicios tienen coste y qué coste. Como pasó con las tasas judiciales. Renovar el DNI, por ejemplo, vale hoy 10,40 euros. Todos los expertos consultados hablan de una horquilla de precios de entre 10 y 40 euros. En 2011, por ejemplo, se registraron en España 161.724 bodas y 103.604 divorcios, trámites que sí tendrían su arancel.

La reforma incluye además un nuevo trámite: el domicilio de las personas, que deberán ser inscritos en el Registro Civil. Es decir, habrá un doble empadronamiento; el que ya se hace en el Ayuntamiento como padrón censal y administrativo, y tras la reforma “una constancia registral de las distintas modalidades de domicilio”. Aún no se sabe que coste tendrá este trámite.

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