Noticia publicada en La Celosía
Bruselas considera que las reformas de los sistemas judiciales de los países miembros son un elemento estructural importante en la estrategia económica de la UE. Por esta razón, el pasado miércoles, la comisaria de Justicia, Viviane Reding, presentó los “indicadores de la justicia europea”, que permiten comparar la efectividad y agilidad de la Justicia de los 27 países miembros. Bruselas considera que la mejorar de la calidad de la Administración judicial forma parte del proceso de coordinación de las políticas económicas en la UE en este semestre.
Olli Rehn, vicepresidente encargado de los Asuntos Económicos y Monetarios y del Euro, declaraba el día de la presentación que “una justicia independiente, eficaz y de alta calidad es crucial para un entorno empresarial que favorezca el crecimiento”. En este contexto, Bruselas reclamará reformas en los sistemas que contribuyan a mejorar el entorno empresarial y el clima de inversión. En especial, deben mejorarse “los indicadores de eficacia en materia de asuntos civiles y mercantiles pertinentes para la resolución de conflictos comerciales”, así como los tribunales administrativos porque afectan de manera importante a la obtención de permisos, licencias, y a los litigios con los reguladores y el Fisco.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tiene mucho trabajo por delante, que difícilmente resolverá con subidas de tasas como las que se vuelven a cobrar a partir de hoy, que se han disparado para las empresas, tanto en las de recursos como en las de carácter fijo. España es uno de los países con gasto público más bajo en Justicia respecto al gasto total, del 1% frente al 1,9% de media en la UE.
Los indicadores con los que parte España (corresponden a datos de 2010) son frustrantes e indican una mala calidad de la justicia, confirmando la mala percepción de los ciudadanos. En este parámetro de independencia judicial, partimos en el puesto 16 de la UE y el 60 en el mundo, por detrás de Chipre, pero por delante de Portugal, Italia y Grecia, aunque los dos primeros están mejor colocados cuando se pregunta sobre la percepción de independencia de la justicia civil.
En cuanto a la agilidad de nuestro sistema para resolver los litigios civiles y asuntos comerciales, España es el octavo peor país, con una duración media de casi 300 días, y con el agravante de que el sistema judicial que Gallardón debe mejorar es incapaz de resolver en un año más conflictos de orden mercantil y civil de los que le llegan nuevos, lo que genera una dinámica atroz. Ocupamos la séptima peor posición en ratios de resolución de litigios, con un 92%.
A pesar de los esfuerzos realizados en la introducción de nuevas tecnologías, somos de los peores en la capacidad de comunicarse entre partes y tribunales, con solamente nueves países por detrás y por debajo de la media en cualquier caso.
Un dato muy curioso y relevante teniendo en cuenta la situación crítica del país es que mientras triplicamos el número de juzgados destinados a robos y pequeñas reclamaciones (menos de 6.000 euros, siendo la cifra inferior en países más ricos), no llegamos a la media en los que trata de despidos.
Tampoco aprobamos en cuanto a número de jueces. España cuenta con 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad que la media y que la mediana, que es de 16, y un punto por debajo de Italia y algo menos que en Francia. Estando también en menos de la mitad de la media en cuanto a número de jueces ocasionales y de los no profesionales.
