Feb 02 2014

Prensa: El TSJA plantea trasladar funcionarios a los juzgados que estén colapsados

Noticia publicada en El Correo Web:

http://elcorreoweb.es/2014/01/31/el-tsja-plantea-trasladar-funcionarios-a-los-juzgados-que-esten-colapsados/

Del Río propone que los empleados de órganos judiciales con menos carga, como la Audiencia, pasen a los juzgados de lo Social, Mercantil y Penal. El Alto Tribunal andaluz va a estudiar la posibilidad de que tanto los juzgados de lo Social como los de lo Mercantil cuenten con un tercer juez de apoyo.

«Faltan funcionarios», pero no hay dinero para dotar a los juzgados más colapsados de nuevas plazas. Ante este dilema, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, planteó la posibilidad de reorganizar la plantilla actual y trasladar a los funcionarios que ocupen plaza en órganos con menos carga a los juzgados de lo Social, de lo Mercantil y de lo Penal. Consciente de que «no se van a crear nuevos juzgados» propone reorganizar los actuales órganos por jurisdicciones y no de forma individual y nombrar el tercer juez de refuerzo para los juzgados de lo Social y de lo Mercantil, azotados por los efectos de la crisis.

La crisis ha hecho doble mella a los ya maltrechos juzgados. Por un lado, ha colapsado de asuntos a las jurisdicciones que resuelven asuntos relacionados con temas económicos y laborales y, por otro, ha hecho que las administraciones, Junta de Andalucía y Ministerio de Justicia, hayan dejado de invertir. Del Río acudió ayer a Sevilla para mantener una reunión con los jueces de lo Social, Mercantil, Penal, Menores y Violencia de Género. Salvo estas dos últimas jurisdicciones «que no tienen problemas» el resto están «desbordadas». Las dos primeras por los efectos de la crisis, la tercera porque no tiene personal suficiente para hacer cumplir las sentencias.

Ante esta situación, el presidente del Alto Tribunal andaluz lanzó ayer la posibilidad de «hacer una reasignación y un trasvase de funcionarios temporal de otras jurisdicciones» cuyas plantillas pueden estar «sobredimensionadas», poniendo como ejemplo las secciones civiles de la Audiencia Provincial o los juzgados de lo Contencioso, «a los juzgados de lo Social, Mercantil y Penal». «Si no se pueden ampliar las plantillas habrá que utilizar mejor los recursos personales que tenemos», insistió recalcando que es un estudio que hay que hacer de forma «inmediata» y que «cualquier gestor de cualquier empresa haría».

Del Río explicó que esta reubicación supondría un cambio en «la forma de trabajar» que «los jueces ya están asumiendo». Como la tendencia ya no es crear juzgados completos al uso, sino un juez con funcionarios de apoyo. Por eso apostó por una forma más «colegiada» en la que las plantillas se piensen por jurisdicciones, por ejemplo una la Sala Penal que incluya a los actuales 15 jueces, y no por juzgados individuales. «No puede haber tanta rigidez e inflexibilidad como hasta ahora en la movilidad. No podemos seguir con esa rigidez funcionarial que ya los propios jueces la estamos invirtiendo, trabajando un poco con criterios más colegiados, que todo forme parte no de un número sino de una jurisdicción», destacó. En este sentido, incidió que «no se trataría de una movilidad geográfica», pues sería un traslado entre juzgados de la misma ciudad.

El presidente del TSJA hizo especial hincapié en la situación de los juzgados de lo Social y de lo Mercantil,solicitando a la Junta que sea «muy sensible» con las necesidades de estos órganos que están señalan do juicios hasta para dentro de tres años en algunos casos. Así, pidió más funcionarios para los juzgados de refuerzo, ya que la Sala de Gobierno va a estudiar la posibilidad de poner en marcha en abril el tercer juzgado de refuerzo en lo Social, al igual que en lo Mercantil. «Si esto no viene acompañado de más funcionarios no dará los resultados deseados», aseguró.

En cuanto a lo Penal, reclamó que se instaure el Servicio Común de Ejecutorias que «Sevilla se merece», ya que los juzgados, con seis funcionarios cada uno, no tienen personal suficiente como hacer frente a los 600 asuntos y las 800 ejecutorias (el proceso para hacer cumplir una sentencia) que asumen cada juzgado anualmente.

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