La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha elaborado un informe muy crítico con el anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) elaborado por el Ministerio de Justicia en el que se plantean dudas de constitucionalidad respecto de algunos preceptos, como el de jurisprudencia vinculante de este órgano, mientras que considera que otros condicionan la independencia judicial “pese al énfasis con que la proclama”.
Este informe, que ya ha sido remitido al CGPJ, deberá ser tenido en cuenta por este órgano para realizar su informe preceptivo, previo a la remisión del proyecto a las Cortes.
De entrada, el Supremo considera que ya en su exposición de motivos la Ley auspiciada por Gallardón “trasluce una idea de jerarquización de los órganos judiciales que atenúa o debilita la independencia que constituye el rango esencial y más característico del ejercicio de la potestad jurisdiccional”.
El informe critica con contundencia la reordenación interna del Tribunal Provincial de Instancia, sobre el que pivota toda la reforma, y llama la atención sobre la difícil compatibilidad de la jurisprudencia vinculante en el principio de legalidad en materia penal establecido por el propio Tribunal Constitucional.
Sobre el cuerpo de letrados de la administración de Justicia, los que ahora se llaman Secretarios Judiciales, creen que la nueva denominación “carece de fundamento, siendo, además, inapropiada”.
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