Feb 13 2014

Prensa. El Gobierno asigna a los registradores el Registro Civil

El Gobierno ha decidido, finalmente, asignar a los registradores, la llevanza del Registro Civil, manteniéndose la gratuidad para el ciudadano, como hasta ahora. Así, lo comunicó ayer el Ministerio de Justicia a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

El decano de la entidad colegial, Gonzalo Aguilera, informó ayer a través de una carta remitida a todos los registradores, que “esta asignación se hace con plena capacidad auto-organizativa del Colegio de Registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil, dentro del respeto, como es lógico, a la Ley de 2011 (Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil)”.

En noviembre de 2013, la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores había rechazado la asunción del Registro Civil mientras no se presentase una memoria económica sobre su posible coste real y sin un sistema de financiación directo que garantizase su viabilidad.

Aguilera explicaba en una anterior misiva a los registradores, que la Junta de Gobierno no consideraba asumible el Registro Civil “sin una organización independiente y separada del Registro de la Propiedad y Mercantil, y sin un sistema informático propuesto y realizado por el Colegio compatible con el resto de las soluciones tecnológicas y servicios colegiales”.

Mandato de la Asamblea

Tras su toma de posesión, Aguilera explicaba a elEconomista que aunque el colectivo había dicho “no” al Registro Civil en la Asamblea General de Zaragoza (abril de 2013), si Justicia decidía asignarles su llevanza, “con todo respeto y dignidad, le propondríamos una serie de medidas para su mejor llevanza en beneficio del interés público. Unas, de tipo organizativo, otras de consenso político, social y jurídico sobre el proyecto y un sistema de financiación adecuado”.

La ponencia aprobada en la Asamblea proponía que la Ley disponga, “sin ningún tipo de ambigüedad”, que la financiación del Registro Civil correrá a cargo de sus usuarios. Para ello, se solicitaba que junto con la aprobación de la Ley, de forma simultánea, se aprobase el arancel correspondiente y entrase en vigor el Reglamento.

Reclamaba, también, que se separen las oficinas del Registro Civil de las actuales de los Registros de la Propiedad y Mercantil, con una consideración tributaria. Y, además, que se prescindiese de las oficinas buzón, definidas en el anteproyecto, estableciéndose oficinas del Registro Civil en las capitales de provincia y en poblaciones que por habitantes o razones geográficas lo aconsejen.

En la carta remitida ayer a los registradores, Aguilera les informa de que los aspectos relativos a la demarcación registral, ya iniciada, serán reconsiderados, procediéndose a una nueva propuesta por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para su aprobación por el Colegio.

Sobre la propuesta de Registro electrónico del Ministerio de Justicia, rechazada también en la Asamblea General, señala el decano que será diseñado, desarrollado y gestionado íntegramente por el Colegio “de acuerdo con las pautas de seguridad proporcionadas por la DGRN y acordadas con el Colegio”.

Negociación con Justicia

El decano explica finalmente en su misiva, que se abre un proceso negociador con Justicia sobre todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de la nueva competencia por el colectivo de registradores.

En el borrador de Real Decreto que se regula el Registro Electrónico se establece el folio real electrónico y un sistema informático único aprobado por DGRN.

EL ECONOMISTA.ES

 

STAJ HA PRESENTADO QUEJA ANTE EL MINISTERIO POR HABER OCULTADO A LOS TRABAJADORES, UNA VEZ MAS, SUS PLANES, Y CONTINUARÁ LAS MOVILIZACIONES CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, por demandarlo así tanto los funcionarios de Justicia como los ciudadanos, que con las miles de firmas presentadas recientemente por STAJ ante el Ministerio, han avalado que el Registro Civil siga siendo público y gratuito y gestionado por funcionarios de la Administración de Justicia.

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