– Unidades de Prevención de Riesgos laborales: Como decimos, la Administración no ha puesto sobre la mesa propuesta alguna, limitándose a manifestar su preocupación en cuanto a todo lo que rodea la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de Justicia y la salud de los funcionarios a su servicio. Desde el STAJ presentaremos una propuesta por escrito para que sea tratada en la Mesa sectorial correspondiente, sobre la base de la consideración específica de los riesgos que rodean el trabajo en esta Administración, riesgos que no existen en otros ámbitos. Recordemos que con frecuencia los funcionarios de Justicia estamos sometidos a unas condiciones que pueden incidir de manera negativa en nuestra salud (por ejemplo, jurisdicción penal, especialmente cuando prestan servicio de guardia, IMLs, funcionarios que realizan diligencias de calle). Las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales que se creen deben estar dotadas de plantilla propia con personal especializado, y en los comités de prevención deben estar representadas las Juntas de Personal.
– Accesos a Bases de Datos, videoconferencias y grabación de vistas: El STAJ lleva demandando a la Consejería la adopción de medias que acaben con la situación actual en la que el acceso a las bases de datos externas por parte de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se lleva haciendo en la práctica por imposición de los secretarios judiciales, en la mayoría de las ocasiones; baste recordar la famosa Instrucción de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Granada, en la que entrando en competencias que son propias de la Consejería de Justicia, nos “adjudicó” a los funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio la tarea de obtención de información mediante el acceso a dichas bases de datos. Por tanto, como hemos expresado en numerosas notas informativas, entendemos que es urgente una regulación de toda esta materia, puesto que se trata de una función no recogida expresamente en el catálogo de funciones establecido en la LOPJ. Dicha regulación debería recoger, de manera exhaustiva, quiénes son los funcionarios autorizados para el acceso a los datos, protocolos de actuación, procedimientos, manera en que se incorporará la información obtenida a los procedimientos judiciales, formación especializada. Asimismo, consideramos prioritario que esta función sea retribuida adecuadamente, ya que se trata de la realización de funciones nuevas, adicionales a las propias del puesto de trabajo, y se produce una asunción de responsabilidades que constituye un plus.
Por lo que respecta a las grabaciones de vistas y videoconferencias, desde el STAJ consideramos que se trata de funciones propias de los secretarios judiciales, quienes están obligados, como todos, a hacer uso de las nuevas tecnologías que la Administración pone a su alcance. Por ello pensamos que la Consejería debería instar a Ministerio de Justicia para que deje claro que dicha función les corresponde en exclusiva y que no pueden delegarla.
– Unidades de atención al ciudadano: La intención de la Dirección General es desarrollar –no ha especificado fechas- las Unidades de atención al ciudadano, que serán atendidas por funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, pero, una vez más, no ha presentado documento alguno que contenga su propuesta. Por ello, desde el STAJ presentaremos nuestras sugerencias al respecto, que incidirán básicamente en las condiciones de trabajo en que se prestará el servicio en dichas unidades, que entendemos deben depender de los actuales Juzgados decanos pero como servicios independientes, al modo en que están configurados actualmente los servicios de notificaciones. Las unidades deberán estar dotadas de suficiente personal y de medios materiales, haciendo especial énfasis en las nuevas tecnologías. Será necesario estudiar la cualificación y especialización que deberán acreditar los funcionarios que presten servicios en estas unidades, funciones que les corresponden, horarios, retribuciones…
– Plazas vacantes y desiertas en próximos concursos de traslado.- La Administración ha expresado su voluntad de abordar esta materia, tomando nota de las ideas presentadas por los sindicatos. Desde el STAJ hemos pedido que se elimine la distinción entre plazas vacantes y plazas desiertas, ya que la Ley Orgánica no recoge dicha distinción. Entendemos que las plazas resultantes de los concursos de traslado, es decir, aquellas que queden sin cubrir tras la resolución de los mismos, vuelvan a ser ofertadas en sucesivos concursos de traslado. Con ello se evitaría que funcionarios que no pudieron pedir en un concurso por estar “congelados” en ese momento, puedan hacerlo en sucesivas convocatorias; también, se daría la oportunidad de solicitar plazas cuyas características han cambiado, como ha ocurrido, recientemente, con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o los Registros Civiles, destinos que antes eran poco atractivos y que ahora, por estar mejor retribuidos, sí pueden serlo.
No obstante lo anterior, entendemos que la Administración tiene que dejar un número de plazas suficiente para ofrecerlas a los funcionarios de nuevo ingreso tras las correspondientes procesos selectivos, por cuyo motivo todos los sindicatos hemos ofrecido nuestra colaboración para analizar un mecanismo que, teniendo en cuenta esta circunstancia, permita ofrecer el mayor número de plazas posible en todos los concursos de traslado a los funcionarios titulares.
– Plantilla Juzgado de 1ª Instancia número 17 de Málaga.- La Dirección General ha informado que la plantilla para este Juzgado, de nueva creación, que entrará en funcionamiento el día 30 de abril, será de 4 gestores, 5 tramitadores y 1 auxilio. La Administración ha informado también que, para los órganos judiciales, este año se crearán entre 350 y 380 plazas, pertenecientes a órganos de nueva creación.
– Nuevas plazas para los Institutos de Medicina Legal: La Dirección General tiene intención de crear 1 plaza de médico forense en Cádiz y otra en Málaga. La Administración ha anunciado también la puesta en marcha de una experiencia piloto en el IML de Sevilla, -y previsiblemente, en un futuro, en Málaga- correspondiente a un nuevo servicio de psiquiatría forense; para ello se crea una plaza de médico forense con categoría de Jefe de servicio de psiquiatría forense. Este servicio absorberá algunas competencias de las que ahora recaen en otros servicios. También se ha informado a los sindicatos de la intención de adscribir al IML de Córdoba una de las tres plazas de médico de la sede de Lucena, y en Cádiz, la adaptación de una de las plazas de médico de patología para adscribirlas a clínica. Por lo que respecta al personal administrativo, la propuesta de la Administración es crear 3 nuevas plazas de Tramitación, una en Huelva, otra en Almería y otra en Granada. De cara a la mesa sectorial presentaremos nuestras alegaciones a esta propuesta que, en principio, nos ha parecido insuficiente.
– Ruegos y preguntas.- En el apartado de ruegos y preguntas, todos los sindicatos hemos pedido que se dé contestación a todas las cuestiones que se plantearon en la mesa del 14 de marzo, que aún están sin contestar. Desde el STAJ hemos recordado especialmente la problemática del personal de apoyo al Tribunal del Jurado; ampliaciones de plantillas; incidencia de la Violencia sobre la Mujer en Juzgados de lo Penal, Fiscalías, Audiencias Provinciales, IML; hemos pedido también una mesa monográfica para tratar la problemática que rodea a los Juzgados de lo Penal, que atraviesan una situación alarmante (a las noticias recientes nos remitimos). También, a preguntas de este sindicato, se ha informado que las plazas que actualmente ocupan los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial que han superado la fase de oposición para acceso al cuerpo de tramitación por promoción interna, serán cubiertas por personal interino. Igualmente, se ha informado que los funcionarios que sean nombrados funcionarios en prácticas, disfrutarán mientras continúen en dicha situación de un permiso extraordinario, tal como está previsto en la LOPJ, y esto se aplica tanto en el caso de titulares como en el caso de interinos, sin distinción alguna.
