Ene 27 2010

MESA SECTORIAL MINISTERIO DE JUSTICIA

 

RESUMEN REUNIÓN DE 27/01/2010 -ámbito Ministerio de Justicia no transferido-.

EL MINISTERIO DE JUSTICIA SIGUE SIN RESPONDER A LAS PRINCIPALES DEMANDAS DE LOS FUNCIONARIOS

         En la mañana de hoy 27 de enero se ha celebrado nueva reunión entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos representativos del Sector STAJ, CCOO, UGT Y CSIF.

El Ministerio ha pretendido que el debate se centrara, a partir de ahora, en cuestiones que son importantísimas para todos, como son la estructura de los servicios, dotación y provisión de los puestos de trabajo, carácter genérico o individualizado de algunos de ellos, funciones, pero todo de una manera muy general y con el objetivo de tener, según palabras de los responsables ministeriales, “una visión global de las posiciones sindicales, de cara a establecer el modelo definitivo de oficina judicial”, pero en todo caso dejando claro que el modelo del que se parte y por el que apuesta decididamente el Ministerio –y las CCAA con competencias– se basa en criterios de flexibilidad y por tanto la estructura de las UPADs y los servicios no es otra que la que nos ha presentado en el borrador de Orden Ministerial y el documento de RPT.

         Desde el STAJ y el resto de sindicatos hemos insistido repetidamente y de manera unitaria en que si bien es necesario entrar en todas esas cuestiones, para los trabajadores es VITAL, y por ello hemos exigido al Ministerio una respuesta antes de continuar con el resto de materias, que se clarifiquen los siguientes puntos:

         Si el Ministerio va a aceptar o no una diferenciación nítida en los servicios comunes, dividiéndolos en secciones y equipos de carácter orgánico, que permita por una parte la especialización de las funciones y, por otro lado, y esto es esencial, que se permita la provisión de los puestos de trabajo exclusivamente mediante concurso, individualizándose los que corresponden a cada sección o equipo de manera que se permita la movilidad voluntaria entre unos y otros mediante concurso de traslado, con independencia de que el Centro de trabajo sea, como establece la LOPJ desde la reforma de 2003, todo el Servicio común. Esta cuestión es vital para garantizar la seguridad jurídica en la adscripción de los puestos, pues es la única forma de que los funcionarios podamos movernos voluntariamente con un margen amplio de posibilidades, y de que la movilidad no dependa del director de turno de la oficina judicial.

         Si el Ministerio va a aceptar que esta diferenciación se establezca también respecto de cada UPAD, de manera que se permita la movilidad voluntaria entre unas y otras mediante concurso.

         En qué medida va a aceptar el Ministerio que las Unidades Administrativas estén ocupadas por personal perteneciente a los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

         Si el Ministerio está dispuesto a hablar de incrementos retributivos tanto para los puestos genéricos como para los singularizados.

         Si el Ministerio va a aceptar nuestra radical oposición a que existan puestos de libre designación.

         Si el Ministerio va a garantizar la no amortización de plazas y la conversión en plantilla de los actuales refuerzos de carácter estructural.

         Si el Ministerio está dispuesto a garantizar, por escrito, que los actuales complementos retributivos que se perciben por guardias, Servicios de notificaciones, Violencia de género, o cualquier otro, van a permanecer tras la instauración de la Nueva Oficina Judicial.

         Si en el proceso de acoplamiento se va a garantizar, en todas sus fases, el criterio fundamental de la voluntariedad de los trabajadores.

 

El Ministerio no ha dado respuesta a ninguna de estas cuestiones en la reunión de hoy, por lo que el STAJ y el resto de sindicatos hemos emplazado a los responsables ministeriales a que nos den una respuesta urgente, en los próximos días, exigiendo la presencia, si fuere necesario, del Secretario de Estado o del propio Ministro de Justicia. En manos del Ministerio está poner en marcha la reforma de la Justicia con los trabajadores, o en contra de los trabajadores. Si elige esta última opción, el conflicto está garantizado, en todo el Estado, porque la reforma de la justicia afecta a todos los funcionarios de la Administración de Justicia, con independencia de su destino en ámbito no transferido o en CCAA con competencias asumidas.

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