La Directora General de Oficina Judicial y Fiscal se niega a negociar un acuerdo de garantías para los funcionarios
Hoy hemos asistido a una nueva demostración de la prepotencia con que vienen actuando los responsables de la Consejería de Justicia e Interior desde hace ya varios años. Hace meses que STAJ viene pidiendo a la Consejería que negocie las condiciones de trabajo de los funcionarios de cara a la implantación de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal. Primero, la Consejería se negó a negociar el Decreto de implantación (STAJ lo tiene recurrido por este motivo), y ahora se niega a negociar un mínimo de garantías para los funcionarios en el tránsito al nuevo modelo organizativo. Desde que a mediados de mayo se celebrase la primera reunión para abordar las órdenes de implantación de la Oficina Judicial y Fiscal en El Ejido, Vélez-Málaga y Fiscalía de Sevilla, TODOS los sindicatos presentes en la mesa sectorial de Andalucía hemos pedido, una y otra vez, la negociación de un acuerdo de mínimos, que garantice los derechos de los funcionarios, similar al que firmamos en el ámbito del Ministerio de Justicia STAJ, CCOO y UGT. La unanimidad de TODOS los sindicatos en esta exigencia se mantiene sin fisuras.
En cambio, la Consejería no sólo no garantiza esos mínimos, sino que, muy al contrario, nos ha presentado unos nuevos borradores de Ordenes de implantación que empeoran, con creces, los borradores anteriores y que, por fin, empiezan a disipar las dudas sobre las verdaderas intenciones que tiene la Administración para poder hacer lo que se le antoje con los funcionarios, con sus puestos de trabajo, y con sus retribuciones.
Con argumentos tan peregrinos e inverosímiles como que la Consejería de Hacienda no lo autoriza o incluso que algunas de las cosas que pedimos son ¡ilegales!, la Directora se niega a garantizar:
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Que no va a haber disminuciones de plantilla en ninguno de los Cuerpos.
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Que las oficinas judiciales van a estructurarse de manera que los funcionarios puedan optar a los puestos de trabajo en concursos de traslado y que no van a poder ser removidos al antojo del jefe o secretario de turno.
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Que en las órdenes de implantación se van a concretar las funciones que van a realizar los funcionarios según sus cuerpos y los puestos de trabajo que ocupen dentro de las Relaciones de Puestos de Trabajo.
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Que ningún funcionario verá disminuidas sus retribuciones.
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Que los funcionarios que hacen guardias podrán seguir haciéndolas y esos puestos de trabajo no desaparecerán aunque sus actuales titulares se trasladen.
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Que los refuerzos estructurales actuales se reconviertan en plantilla y por tanto se pueda acceder a ellos por los sistemas normales de provisión de puestos de trabajo.
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Que en las Relaciones de puestos de trabajo va a haber puestos que aún sin ser singularizados, van a tener una retribución mayor por determinadas características (como sucede ahora con Violencia, Actos de Comunicación, u otros que puedan crearse que supongan una mayor dedicación o penosidad)
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Que en esas Relaciones de Puestos de trabajo va a haber número suficiente y adecuado de puestos singularizados.
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Que los procesos de acoplamiento van a estar presididos por la voluntariedad de los funcionarios afectados a la hora de elegir los puestos de trabajo en que se organicen la Nueva oficina.
Muy al contrario, los nuevos borradores de las Ordenes de implantación y Relaciones de Puestos de Trabajo de El Ejido, Velez-Málaga y Fiscalía de Sevilla, vulneran de forma expresa o tácita casi todas esas garantías:
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No se establece una adscripción individualizada de puestos de trabajo a las secciones en que se estructuran los servicios.
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Las funciones se recogen de forma genérica e imprecisa
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Hay varios puestos de trabajo que pierden complementos y apenas hay previsión de ellos en las RPTs: algunos de VSM y casi todos los de actos de comunicación desaparecen.
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Desaparecen varios puestos de trabajo que llevan aparejada la realización de servicio de guardia.
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El plan de reestructuración de plantillas no respeta ni las plantillas provinciales ni por cuerpos, aunque sí el número total de Andalucía, pero supone de facto la desaparición de muchos puestos de refuerzo que no consolidarán, por tanto, en plantilla.
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Desconocemos cuánto cobrarán los pocos puestos singularizados previstos para Gestión, Tramitación o Auxilio, pues los borradores facilitados omiten este dato.
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Para los procesos de acoplamiento, la única referencia que hay es que “se cumplirá la legalidad”.
¿De verdad puede alguien creer que lo que pedimos es ilegal? ¿Cómo si es ilegal el Ministerio ha aceptado y respetado todas estas garantías para su ámbito de competencias? ¿Qué preceptos legales vulneramos si lo único que pedimos es que se garanticen los derechos y el salario de los trabajadores?
Desde STAJ pensamos, y así se lo hemos manifestado a la Directora General, que el acuerdo es posible, pero es evidente que no hay voluntad por parte de la Consejería, que es la única responsable de que la negociación esté bloqueada y de que la puesta en marcha de la primera fase de la Oficina Judicial no avance como debería.
La actitud de los responsables de la Consejería (un Fiscal, un Juez y un Secretario) nos muestra dos cosas: Primero, que aún no han aprendido que las condiciones de trabajo hay que negociarlas, no imponerlas, y que en las mesas de negociación no vale aquello de “así lo acuerdo, mando y firmo”, a que están tan acostumbrados; segundo, que el modelo de oficina judicial que pretenden imponer responde a un diseño absolutamente moldeable al arbitrio del responsable de turno, moviendo a los funcionarios como marionetas según sea en cada momento su particular percepción de las necesidades del servicio, con grave empeoramiento de las condiciones de trabajo y merma de las retribuciones. Ni el peor empresario hace eso.
Todos los sindicatos, de forma unánime, hemos exigido una reunión con el Consejero, a quien trasladaremos personalmente lo que consideramos son justas exigencias a las que no podemos renunciar. Si el Consejero tampoco acepta la negociación que pedimos, los sindicatos, al menos STAJ, no podrá dar su aprobación a la implantación de la Nueva Oficina Judicial en Andalucía.
